Introducción

 

En una sociedad funcionalmente diferenciada los problemas socioambien­tales son tematizados desde múltiples perspectivas, lo que contribuye a su complejización debido a las diferentes racionalidades que se contraponen al abordarlos. En el presente artículo se problematizan las descripciones que se realizan desde algunas de las principales perspectivas involucradas al tematizar los problemas socioambientales.

El análisis que se presenta a continuación es fruto de un estudio realizado el año 2014 en el marco del trabajo del Núcleo Interdisciplinario de Estudios Socioambientales de la Universidad de Chile (NIES) y con el apoyo del Centro de Ciencia del Clima y Resiliencia (CR2)[1]. La metodolo­gía utilizada fue de carácter cualitativo, contemplando la realización de veintiocho entrevistas semi-estructuradas y de un grupo de discusión. La muestra, por su parte, fue de carácter estructural, y consideró los distintos ámbitos desde los cuales actualmente se discute el problema socioam­biental en Chile. Así, en el ámbito público, fue considerada la mirada de parlamentarios, representantes de gobierno, funcionarios públicos y mu­nicipales. En el ámbito del conocimiento experto, fue considerado el pun­to de vista tanto de académicos vinculados a la temática como de profe­sionales que actualmente son parte de consultoras especializadas en el tema. Finalmente, dentro del ámbito privado fue considerado el discurso tanto de empresarios como de trabajadores.

En cuanto a sus resultados, el estudio identificó la existencia de tres tipos de obstáculos que dificultarían tanto el diálogo entre los actores co­mo el tratamiento del problema socioambiental, estos son: obstáculos a nivel de institucionalidad y normativa vigente; obstáculos a nivel del ac­tuar y de las relaciones entre los actores; y obstáculos que se presentan a nivel de los significados asignados al problema. En el presente artículo se abordan los últimos dos tipos desde una perspectiva sistémico constructi­vista, problematizando la tematización de lo socioambiental desde la poli­contexturalidad societal moderna.

En el primer apartado se abordan algunas cuestiones básicas desde la perspectiva sistémico-constructivista, concentrándonos en la diferencia­ción funcional y las relaciones entre sistemas observadores. Posteriormen­te se abordan las descripciones relacionadas con el ámbito público, priva­do y de conocimiento experto, analizando  las autorreferencias y hetero­rreferencias de cada una de las descripciones. Finalmente se identifican las principales distinciones utilizadas desde cada una de estas perspectivas y se señalan algunas conclusiones de la experiencia presentada.

 

 

1. Comunicación ecológica en la sociedad funcionalmente diferenciada

 

La sociedad contemporánea es definida por Niklas Luhmann como una sociedad funcionalmente diferenciada (1984, 1997), en otras palabras, ca­racterizada por la diferenciación interna en múltiples sistemas que se orientan a la resolución de problemas específicos. Desde esta perspectiva, cada sistema cumple una función y está limitado por sus propias estructu­ras, lo que implica que éstos sólo tienen la posibilidad de orientarse inter­namente hacia problemas que ellos mismos identifican como relevantes y en cada uno de ellos conecta la comunicación que se genera bajo sus pro­pias limitaciones. De esta forma, en el sistema político sólo conecta comu­nicación política, sin posibilidad de enlazar, por ejemplo, comunicación religiosa a menos que sea observada políticamente, la comunicación eco­nómica no conecta con comunicación moral, ni tampoco la comunicación científica con comunicación política, y así para cada uno de ellos. En este contexto, la comunicación ambiental -o ecológica- sólo logra irritar a los sistemas que tienen la posibilidad de observarla desde sus propias estruc­turas, limitando la posibilidad de resonancia de estas comunicaciones y complejizando el tratamiento global de los efectos no esperados de las operaciones sociales en el medio ambiente.

De manera paralela, se encuentran los sistemas organizacionales, que operan a través de decisiones, definen sus membrecías internas y se orientan al cumplimiento de objetivos. Este tipo de sistemas sociales se desarrolla de forma paralela y complementaria a los sistemas funcionales, especializando aún más la comunicación y complejizando el tratamiento de los problemas ambientales. Es en las organizaciones donde se desarro­lla la comunicación especializada para el cumplimiento de fines, lo que reduce la complejidad social al limitar las posibilidades de enlace, pero aumentando la complejidad general al desarrollar una mayor especializa­ción en la comunicación (Luhmann 2000). Así, las empresas generan co­municación económica pero relacionada a los servicios o bienes que ofre­cen, los partidos políticos procesan la comunicación política a partir de su posición en el gobierno o la oposición, y la comunicación religiosa está determinada por las estructuras de las iglesias y comunidades que la ge­neran. Asimismo, al tematizar los problemas ambientales, cada organiza­ción está limitada por sus propias estructuras, distinguiendo sólo lo que puede distinguir a partir de sus estructuras de observación. De esta forma, organizaciones privadas, organizaciones públicas y organizaciones no gu­bernamentales observan los problemas ambientales a través de sus pro­pias estructuras, siendo sus objetivos organizacionales los que estructuran la comunicación y complejizan, a su vez, la comunicación societal.

Cada subsistema -tanto sistemas funcionales como sistemas organi­zacionales- está clausurado operativamente y observa su entorno a partir de las distinciones que tiene disponibles, en otras palabras, es ciego a las selecciones de sentido que no son observables con sus propias estructuras, lo que aumenta la dificultad de coordinación entre los diferentes observa­dores.

La consecuencia de esta diferenciación interna es una sociedad que no posee un centro o cúspide que otorgue orden o coherencia a la socie­dad en su conjunto y cada uno de sus subsistemas. Esta sociedad funcio­nalmente diferenciada experimenta, de este modo, un policentrismo cró­nico, que impide controlar desde un vértice el resto de la sociedad y desde allí coordinar una sola mirada sobre el entorno ambiental. Por el contra­rio, existen múltiples subsistemas que se influyen mutuamente y cada uno observa el entorno ambiental o ecológico desde su propia posición (y sus propias limitaciones).

En este contexto, se vuelve relevante considerar el concepto de "ra­cionalidad", entendiéndola como la unidad de las distinciones utilizadas en la observación,  encontrando la racionalidad de cada sistema en el punto ciego de la observación (donde la observación implica la diferencia­ción entre sistema y entorno). Bajo este marco es evidente entonces, que existen tantas racionalidades como observadores posibles, no hay sólo una racionalidad. Asimismo,  los problemas ambientales sólo pueden ser abordados desde las estructuras existentes en la comunicación social, pues éstos existen solamente en la medida en que se comunica sobre ellos (Luhmann 1986).

Cabe señalar algunos ejemplos. El sistema económico puede reducir el medio ambiente a costos y precios o incluso podríamos hablar de una mercantilización de la naturaleza (ej. Turismo). Para el sistema jurídico el medio ambiente puede aparecer a través de normativas, recursos judicia­les o juicios (judicialización de los conflictos). Por su parte, el sistema científico puede identificar problemas ambientales y generar conocimiento en torno a ellos, mientras que en el sistema político la comunicación am­biental puede transformarse en votos o en problemas de popularidad. El entorno ambiental -o ecológico- sólo logra ser tematizado por alguno de los sistemas sociales cuando desde las limitaciones estructurales de estos sistemas es posible comunicar sobre ello. Si los problemas ambientales son relevantes para los votantes, estos se transforman en un tema para los partidos políticos, mientras que si los consumidores incorporan el poten­cial impacto de los productos que consumen en sus decisiones, reducir el impacto ambiental pasará a ser un tema relevante para las empresas invo­lucradas.

Cada uno de estos puntos de observación tiene sus propias limita­ciones (o puntos ciegos) y aunque es evidente que hay algunos sistemas más influyentes que otros (no podemos obviar la gran resonancia de la economía o la política), ninguno de ellos tiene la posibilidad de dirigir al resto. Una de las consecuencias más evidentes de esto, es que cuando en­frentamos un problema ambiental o hay disputas por los recursos natura­les, cada subsistema observa desde sus propias estructuras y genera co­municación desde sus propias particularidades (papers, negocios, proce­sos judiciales, discusión política, etc.). Estas condiciones son un síntoma inequívoco del policentrismo social, que sin duda se presenta como un gran desafío para generar acuerdos y enfrentar de forma conjunta los pro­blemas socioambientales de la actualidad.

Desde esta perspectiva, también se asume que la comprensión de lo ambiental está limitada por las estructuras del observador, por sus límites de tolerancia y por la aceptabilidad de los riesgos (Douglas 1996), hacien­do evidente la necesidad de reflexionar sobre las posibilidades de observa­ción y la relación que se establece entre los diferentes observadores que son parte de los problemas ambientales.

Uno de los efectos no deseados de esta multiplicidad de miradas, de este policentrismo social, es que al enfrentar problemas ambientales, las diferentes perspectivas se contraponen, dificultando una reacción social coordinada que permita hacerles frente. Así, es posible observar cómo las imputaciones de causas y efectos de los problemas ambientales se despla­zan a través de sistemas autónomos, generando comunicaciones contra­dictorias que impiden una reflexión unitaria que permita abordar coordi­nadamente problemas globales. En algunos casos, incluso, esta multiplici­dad de perspectivas se traduce en la multiplicación o amplificación de los efectos de los problemas ambientales.

En este contexto, es posible hablar de "racionalidad reflexiva" de un sistema, cuando este es capaz de observar su propia observación, dicho en los términos del matemático británico George Spencer-Brown (1979), cuando se puede reingresar en el sistema la distinción en la distinción o cuando la re-entrada de la forma en la forma permite observar el punto ciego de la distinción, desplegando la paradoja de la racionalidad (opera­ción que demanda tiempo y autoorientación en las distinciones). A partir de este proceso, un sistema puede construir su propia complejidad y, por tanto, su irritabilidad. Puede complementar la distinción sistema/entorno y aumentar sus posibilidades de observación, reaccionando a la frecuencia de sus irritaciones. La reentrada de la distinción en lo ya distinguido enri­quece al sistema, generando capacidades de enlace más complejas. Este proceso no se trata, sin embargo, de un ideal, es decir, que esto ocurra no implica que se resolverán los problemas de coordinación entre los siste­mas, pues no existe la posibilidad de generar una racionalidad unitaria. Dicho en otros términos, ningún subsistema tiene la posibilidad de refle­xionar dentro de sí a la sociedad en su conjunto.

Finalmente, es importante decir que la viabilidad de los sistemas observadores se encuentra estrechamente vinculada a su capacidad de aprendizaje, que permite modificar la identidad del sistema observando sus propios límites y considerar el entorno como constitutivo del sistema. Esta capacidad probabiliza la mantención de sus adaptaciones en la medi­da en  que favorece su coordinación con otros sistemas. En este contexto, los subsistemas sociales tendrían que ser capaces de observar sus propios límites y reconocer su interdependencia recíproca. Esto, a partir de la re­flexión, procedimiento que tiene un sistema para re-introducir la diferen­cia que mantiene con su exterior y sólo a partir de ello enfrentar los desa­fíos de coordinación que presentan los problemas socioambientales.

A continuación describiremos las observaciones realizadas en torno a los problemas ambientales relacionadas con el sistema político, jurídico, científico y económico, en el contexto de sus principales organizaciones, con el fin de identificar las principales distinciones utilizadas y problema­tizar posteriormente las diferentes posiciones de observación en el contex­to de problemas ambientales.

 

2. Ámbito Público: comunicación política y jurídica desde las organizaciones del estado

 

Entre los actores relevantes que se relacionan con los problemas ambien­tales, se identifican aquellos vinculados al diseño, ejecución y fiscalización de las reglamentaciones ambientales y políticas públicas. Entre estos acto­res domina la comunicación política y jurídica. Para esta investigación, consideramos la mirada de parlamentarios, representantes de gobierno, funcionarios públicos y municipales.

 

2.1. Observaciones de las autoridades sobre el problema ambiental

 

Para las autoridades ambientales (representantes del actual gobierno), el problema socioambiental se presenta en mayor medida como un problema técnico que se origina y resuelve en el marco de la institucionalidad am­biental vigente. Partiendo de esta base, son dos las manifestaciones a par­tir de las cuales el problema toma forma en sus relatos. En primer lugar, por la existencia de zonas altamente contaminadas, muchas de ellas como "pasivos ambientales", cuyo origen sería anterior a la creación y entrada en vigencia de la institucionalidad ambiental.

 

Simplemente es el pasado lo que nos causa los problemas actuales. Y el aumen­to de información ambiental nos muestra problemas que no conocíamos, pero no significa que ahora aparecieron. Siempre estuvieron, simplemente ahora nos hacemos cargo de ello y hay que hacer un equilibrio muy claro de demostrar que en realidad no es que las cosas estén peores, simplemente estamos hacién­donos cargo de problemas que antes ignorábamos. (Autoridad, Ministerio del Medioambiente).

 

En este sentido, las autoridades reconocen que el Estado mantiene una "deuda ambiental" con determinadas zonas del país, que tendría una es­trecha relación con la manera desigual con la que se ha proyectado el desarrollo económico. En segundo lugar, el problema toma forma de la mano de los "conflictos socioambientales", que más que ser observados como una reacción de parte las comunidades (afectadas por un determi­nado problema ambiental), serían, a juicio de los actores, resultado de la desconfianza que aún en la actualidad impera respecto de la instituciona­lidad ambiental. Se trataría entonces de una crisis de la institucionalidad que tendría su origen en el mal uso que en el pasado se habría hecho de las herramientas institucionales disponibles, específicamente del sistema de evaluación de impacto ambiental (SEIA).

No obstante la falta de confianza, para las autoridades ambientales ambas manifestaciones del problema debiera resolverse en el marco de la institucionalidad ambiental vigente. Pese a que reconocen que aún falta, sobre todo en términos de fortalecimiento de las instituciones, y que aún hay vacíos por enfrentar (como por ejemplo, la ausencia de normativa en materia de conservación de biodiversidad), existe un convencimiento de que en la actualidad la institucionalidad ambiental posee la normativa y los instrumentos de gestión necesarios para hacerse cargo tanto de los pa­sivos ambientales como de la demanda ciudadana.

Hacerse cargo del problema implicaría, en estos términos, lograr que la gente vuelva a creer en la institucionalidad ambiental, lo que desde su punto de vista sólo podría lograrse "volviendo al cauce institucional", respetando los procesos existentes, estableciendo "reglas claras", nor­mando la máxima cantidad de procesos y abogando porque lo técnico tenga un peso cada vez mayor a la hora de tomar decisiones políticas. Im­plicaría, además, hacerse cargo de los focos de contaminación que prece­den a la institucionalidad ambiental[2], muchos de los cuales aún hoy en día seguirían operando fuera de normativa, e incentivar el avance de la socie­dad hacia un modelo de consumo más sustentable. Respecto a este último punto, destacan que la preocupación del Ministerio está puesta, por una parte, en el recambio de tecnologías, con prioridad en áreas como trans­porte y calefacción residencial (donde la tasa de renovación pareciera ser más lenta). Por otra parte, el programa ministerial apunta a la generación de un comportamiento o de prácticas "menos contaminantes" entre quie­nes habitan los territorios, ámbito en el que la participación de los ciuda­danos cobra especial protagonismo. Esto, considerando no sólo que a ma­yor desarrollo económico del país, mayor será la capacidad de consumo que tendrá la población, sino también que las expectativas de desarrollo que esta última genera (acceso a un auto, a una antena de celular, a mejor calefacción, a aire acondicionado), a su juicio, muchas veces son incompa­tibles con el cuidado del medioambiente.

 

2.2 Observaciones críticas hacia las autoridades

 

La principal crítica dirigida hacia las autoridades, es la falta de voluntad política que existe para enfrentar el problema socioambiental, cuestiona­miento que va a desarrollarse a partir de distintos argumentos en el relato de los actores. Expertos, académicos y trabajadores asocian esta falta de voluntad con la tendencia de tratar el problema socioambiental desde una perspectiva técnica, lo que a su juicio refleja el poco interés de las autori­dades por asumir su real magnitud y posicionarlo, en consecuencia, como un "problema país".

ONG y organizaciones ciudadanas están de acuerdo, por su parte, en que la falta de voluntad política que caracteriza el actuar de las autori­dades tiene directa relación con la manera en que lo económico está in­fluenciando las decisiones ambientales (y políticas en general), sobre todo en el marco de la evaluación de proyectos. Destacan, en este sentido, la débil posición del Ministerio del Medio Ambiente, la manera en que otros ministerios ejercen influencia, la aparición de mandatos superiores ten­dientes a facilitar la aprobación de proyectos y los intereses cruzados que existen entre las autoridades políticas y la clase empresarial, muchos de los cuales se hacen públicos a la luz de los conflictos. La mayor preponde­rancia de los criterios económicos por sobre los políticos (entendidos estos últimos desde la perspectiva del bien común), dejaría entonces a las auto­ridades un margen de acción muy estrecho para enfrentar el problema con el profesionalismo y la transversalidad que éste requiere.

Los miembros de organizaciones ciudadanas cuestionan, además, la indiferencia que muestran las autoridades públicas frente a los argumen­tos ciudadanos, en su mayoría sustentados por estudios científicos, en un contexto en el que, a su juicio, son pocas las instancias en que es posible participar de manera efectiva en la discusión. Más que un problema de voluntad política, ellos llegan a la convicción de que existe un "problema con la política" frente al cual la única salida posible es movilizarse y ejer­cer presión.

 

2.3. Observaciones de parlamentarios sobre el problema ambiental

 

Los parlamentarios y ex parlamentarios que fueron considerados en este estudio observan el carácter transversal del problema socioambiental a partir de su propio ámbito de vinculación. Destacan, en este sentido, que el tratamiento de "lo ambiental" no sólo se restringe a la Comisión de Medioambiente, éste también es discutido en otras comisiones que de manera directa o indirecta lo aluden (agricultura, energía, obras públicas, pesca, entre otras). Observan también la transversalidad del problema en las distintas ausencias que, a su juicio, aún persisten en materia me­dioambiental, entre las que destacan: planificación territorial, conserva­ción de biodiversidad[3], educación ambiental y participación[4], así como en la persistencia de ciertos enclaves normativos, como el código de aguas o el régimen de concesiones, en el marco de los cuales se privatizaron recur­sos naturales estratégicos. Plantean, en este sentido, que el problema po­see una "dimensión sistémica" a la que, sin embargo, reconocen, aún no se le ha dado verdadera prioridad en el sentido de elaborar una política ambiental que considere su transversalidad.

En segundo lugar, hay consenso entre los parlamentarios al plantear que el problema socioambiental encuentra su origen en el modelo de desarrollo del país. En esta línea, cuestionan la política económica impe­rante y su relación poco sustentable con el medioambiente, explícita tanto en la legitimación de un modelo de producción y consumo basado en la sobreexplotación de los recursos naturales como en la poca o nula capaci­dad de regeneración de los entornos intervenidos y la excesiva contamina­ción.

Los parlamentarios cuestionan, en tercer lugar, el modelo de deci­siones políticas del país, sobre todo por su carácter centralista y la manera en que el criterio económico es privilegiado por sobre el resto de las di­mensiones de la sociedad -lo que también vinculan a la excesiva concen­tración económica y al poder alcanzado por los grandes grupos-, propi­ciando un contexto en el que por regla general el medioambiente es sacri­ficado en pos del crecimiento económico.

 

Te lo digo de una manera más brutal, en la abundancia esta agenda tiene más éxito, en la escasez menos éxito, ¿se entiende?, cuando hay plata, los cisnes de Valdivia, cuando hay escasez, échale adelante con las termoeléctricas a como dé lugar. (Ex Diputado)

 

La identificación de las posibilidades de posicionar la agenda ambiental solamente cuando hay buenos períodos económicos es fundamental para comprender la mirada de los parlamentarios. Para ellos, el problema am­biental es relevante cuando lo es también para los votantes, por lo que si para el electorado las condiciones económicas son importantes, como ocurre en Chile, posicionar los temas ambientales en la agenda pública se hace aún más difícil cuando hay condiciones económicas complejas (como los períodos de crisis).

En la medida en que son las regiones y los sectores de menores in­gresos los que resultan mayormente afectados, los parlamentarios desta­can, en cuatro lugar, la relación de los problemas ambientales con otras problemáticas de país, como la centralización y la desigualdad. La existen­cia de "zonas de sacrificio" aparece, en este sentido, como una de las prin­cipales manifestaciones del problema, donde además de las consecuencias que se producen sobre el medioambiente natural (agotamiento de los re­cursos naturales y pérdida de biodiversidad), los parlamentarios hacen hincapié en los efectos que se generan sobre la salud y las condiciones de vida de las personas, visibilizados en gran medida a partir de conflictos socioambientales emblemáticos de los se han hecho parte en los últimos años. Además, cobra protagonismo en sus relatos el agotamiento de los recursos naturales y la degradación del medio natural, vinculados a fenó­menos climáticos específicos como el calentamiento global, la desertifica­ción y los problemas de agua que estarían afectando a varias zonas del país.

Por último, y en términos de buscar una solución al problema, entre los parlamentarios existe consenso respecto a la necesidad de introducir regulaciones al modelo de desarrollo. No obstante, dependiendo del sec­tor político que representan, hay diferencias en sus posturas respecto al tipo de reglas que se requieren establecer. Algunos destacan la necesidad de establecer "reglas claras" que permitan poner límites a la manera en que lo económico está influyendo en las decisiones políticas. Otros, en cambio, hacen hincapié en la necesidad de establecer "nuevas reglas del juego", lo que implicaría replantearse el modelo de desarrollo y reformular la arquitectura política del país.

 

2.4. Observaciones críticas hacia los parlamentarios

 

Los propios parlamentarios y ex parlamentarios son quienes identifican los principales obstáculos que atraviesan su gestión. En esta línea, el prin­cipal problema se presentaría al momento de legislar, de votar las leyes. Es ahí donde vuelven a tener protagonismo las diferencias ideológicas y las influencias de las zonas a las que representan, lo que se traduce general­mente en la reticencia de una buena parte de los parlamentarios a entre­gar mayores atribuciones al Estado en términos de fiscalización, dotación de recursos y mayor capacidad de personal. Los actores destacan que si bien en el discurso todos están de acuerdo en pedir mayor sustentabili­dad, son pocos los parlamentarios que se muestran proclives a "más Esta­do" para avanzar en ese camino al momento de legislar.

A lo anterior se suma el poco conocimiento y entendimiento que muestran los parlamentarios respecto de la temática, tanto desde el punto de vista de los problemas ambientales como del diseño institucional -crítica que también alcanza a los asesores. Algunos actores vinculan esta ausencia de conocimiento a la existencia de una brecha generacional a partir de la cual las antiguas generaciones estarían aún muy cercanas a una lógica productivista en la que el medioambiente sigue siendo obser­vado en función del crecimiento económico. Otros, en cambio, creen que la falta de conocimiento es más bien una muestra de la poca importancia que aún en la actualidad, y más allá del discurso, los parlamentarios asig­nan al problema.

 

2.5. Observaciones de funcionarios públicos y municipales sobre el problema Ambiental

 

"Dar cumplimiento a la norma" es tal vez el principal criterio a partir del cual los funcionarios públicos observan el problema socioambiental. Es la ley la que determina los parámetros de su existencia así como las compe­tencias y facultades de los distintos servicios en relación con su tratamien­to (sea en términos de protección, prevención, conservación, educación o participación).

Asimismo, las escalas o manifestaciones del problema van a tener directa relación con los ámbitos en los que se desenvuelve la gestión de los funcionarios. Éste puede aparecer bajo la forma de la contaminación atmosférica, las zonas de sacrificio, la existencia de vertederos ilegales, el cambio climático o por los conflictos que se generan entre comunidades y empresas cuando ingresa al sistema de evaluación un proyecto de enver­gadura, manifestaciones que dan cuenta, a su vez, de las preocupaciones actuales del Ministerio en materia medioambiental. Existe consenso, sin embargo, al afirmar que no todas poseen la misma prioridad. El problema es observado, en estos términos, como un problema técnico que se define y resuelve dentro del marco legal.

Ahora bien, al afirmar que aún existen vacíos en materias como or­denamiento territorial, energía o educación ambiental, que requieren una discusión más ampliada a nivel país y la generación de política pública pa­ra su tratamiento, los funcionarios públicos salen del ámbito meramente técnico de observación del problema. Lo hacen también al establecer un vínculo con temas sociales y políticos, como la desigualdad, que a su juicio no han sido debidamente considerados en la discusión, convicción a la que llegan de la mano de su relación cotidiana con otros ministerios y ser­vicios con competencia ambiental, así como por los vínculos que estable­cen con municipios y comunidades locales, a las que van dirigidas buena parte de las políticas de prevención, educación y sensibilización. En este sentido, ellos reconocen que si bien el problema socioambiental "no res­peta fronteras" y puede afectar de igual manera a todos los habitantes de una región, sobre todo bajo la forma de la contaminación, son las zonas y habitantes con menores recursos quienes viven más de cerca sus conse­cuencias.

Los funcionarios municipales, en cambio, observan el problema so­cioambiental sobre todo como un problema cotidiano, cotidianeidad que di­ce relación con las distintas manifestaciones que éste encuentra y en las que está focalizada, en gran medida, la gestión ambiental local.

Un primer aspecto en el que se manifiesta el problema, es la conta­minación que se genera como consecuencia de las malas prácticas que se observan entre los vecinos en el marco de su dinámica cotidiana con el entorno, donde destacan: la quema de basura, la tala de arboles, la exis­tencia de micro basurales; o prácticas mucho más comunes pero que igualmente pueden causar impacto, como la tenencia de mascotas. A jui­cio de los funcionarios, estas problemáticas tienen directa relación con el desconocimiento que existe entre los vecinos respecto de su medioam­biente local, lo cual se ve agravado por la poca relevancia que encuentra la temática en el marco de la gestión municipal. Destacan que hacer frente al problema ha requerido, en este contexto, poner en marcha un proceso educativo tendiente a posicionar la temática en el contexto local (no sólo a nivel escolar sino también a nivel de las organizaciones sociales y los veci­nos en general)[5] y a introducir a los vecinos en prácticas ambientales más sustentables, donde la sustentabilidad apunta no sólo a interactuar de manera distinta con el medioambiente, sino también a promover la gene­ración de consensos entre los distintos actores que ocupan el territorio con miras a promover un sentido de comunidad.

El segundo aspecto en el que se manifiesta el problema, es la con­taminación generada por la actividad industrial de las empresas que fun­cionan en las comunas, sobre todo las grandes y medianas[6], así como los impactos generados sobre el medioambiente y la calidad de vida de los vecinos. En esta línea, las manifestaciones del problema son también va­riadas y, en no pocos casos, de alto impacto, yendo desde la contamina­ción por ruidos molestos o malos olores hasta aquella que se produce por el exceso de material particulado, la contaminación por desechos tóxicos o la existencia de terrenos con alta presencia de plomo. En este punto, las ausencias de normas y leyes específicas en materia de biodiversidad y or­denamiento territorial (que en el plano local toma forma de la mano de la ausencia o cambios realizados al plan regulador), se presentan como un obstáculo especialmente problemático para los funcionarios municipales, no sólo porque hay problemas que quedan sin fiscalizar, por la ausencia de una norma que así lo dicte, sino también porque a veces es la misma ausencia de norma la que puede generar el problema.

Los efectos sobre el medioambiente, la salud y la calidad de vida son, por su parte, el principal argumento de los vecinos para presentar denuncias en el municipio e involucrarse en los conflictos socioambienta­les que se han desencadenado con las empresas en los últimos años. Frente a esto, los funcionarios también hacen alusión al problema de la desigualdad, afirmando que son los sectores con más alto índice de po­breza los que resultan mayormente afectados por la actividad industrial.

De esta manera, vemos que la cotidianeidad del problema ambien­tal se relaciona también con los problemas identificados por los otros ac­tores del mundo público: la ausencia de regulaciones, la desigualdad y el carácter problemático del modelo de desarrollo del país.

 

2.6. Observaciones críticas hacia los funcionarios públicos y municipales

 

En general, la mayoría de los actores reconoce que muchos de los proble­mas que se presentan en el marco del actuar de los funcionarios públicos y municipales están estrechamente vinculados a los problemas que aún pre­senta la institucionalidad ambiental, sobre todo en lo que refiere a ausen­cia normas, la falta de recursos o la poca dotación de personal. En este contexto, uno de los problemas que con mayor frecuencia deben enfren­tar, es la falta de coordinación entre los distintos organismos con compe­tencia ambiental, lo que se traduce, en la práctica, en una superposición de funciones, una alta burocracia y en tiempos de respuesta en extremo largos para pronunciarse respecto de un determinado tema. Hay consen­so, en este sentido, al plantear que la transversalidad con la que en teoría se proyecta el trabajo del Estado en materia medioambiental, en la prácti­ca no se logra materializar.

En el caso particular de los funcionarios municipales, éstos recono­cen, además, que instalar la temática ambiental depende en gran medida de la voluntad política de la autoridad de turno, lo que se traduce, en la práctica, en que sean los municipios con más recursos y aquellos que muestran un mayor compromiso, los que han logrado desarrollar con éxi­to las unidades de medioambiente, en un contexto en el que todavía la creación de la institucionalidad ambiental sigue siendo voluntaria a nivel municipal. A juicio de los funcionarios, esto sin duda repercute en la capa­cidad técnica con la que puedan contar los municipios para hacerse cargo del tema, lo que hace urgente avanzar en términos de asignación de re­cursos y de capacitación.

 

3. Ámbito privado: Empresarios y trabajadores

 

Dentro del mundo económico fue considerado el discurso tanto de em­presarios como de trabajadores en la medida en que ambos se muestran como partes interesadas en el acceso y la explotación de los recursos natu­rales; los primeros con énfasis en el desarrollo productivo y los segundos en la generación de empleo.

 

3.1. Observaciones de empresarios sobre el problema ambiental

 

Para los actores del empresariado que fueron incluidos en este estudio, el problema socioambiental es, en primera instancia, una consecuencia na­tural del modelo de desarrollo económico que se ha venido aplicando en las últimas décadas en el país. En este sentido, ellos parten de la premisa de que toda actividad industrial va a generar impactos en la medida en que los proyectos hacen uso de los territorios y explotan los recursos natu­rales disponibles. Avanzar hacia un desarrollo sustentable implica, en es­tos términos, hacer un uso eficiente de los recursos, pero siempre sobre la base que habrá impactos.

 

Y cuando te digo cuidarlo, no es que no haya impacto sobre los recursos natu­rales, porque vuelvo a la premisa inicial, la actividad industrial genera impactos ambientales, en general la actividad humana. (Gerente de Medioambiente, Empresa Minera).

 

Partiendo de esta definición, la necesidad de hacerse cargo del problema socioambiental pareciera estar ocupando un lugar cada vez más priorita­rio, sobre a todo a nivel de las grandes empresas. Pese a que aún no es posible hablar de una política ambiental generalizada, o por sector, el tra­tamiento de la temática ha implicado la creación de departamentos espe­cializados, la consideración de un ítem en el presupuesto anual y la puesta en práctica de políticas específicas que guían tanto el diseño como la im­plementación de los proyectos. Incluso, algunos actores reconocen que in­corporar el tema ambiental en la gestión de la empresa es favorable para la estrategia de negocios en la medida en que les permite diferenciarse de otras empresas del sector.

Junto al incremento de las exigencias medioambientales, tanto en el ámbito de la normativa nacional como internacional, el aprendizaje ad­quirido de experiencias de conflicto, de errores y desaciertos cometidos durante la puesta en marcha de un determinado proyecto, aparece en el relato de los actores como una de las principales razones por las cuales las empresas se han hecho cargo del problema, respuesta que describen más bien como una reacción ante la presión que han generado las comunida­des, que muchas veces han puesto en jaque la viabilidad de los proyectos.

 

La situación que tuvo que enfrentar Celulosa Arauco fue de tal magnitud para ellos que les cambió completamente el paradigma del tratamiento ambiental. (Gerente de Medioambiente, Empresa Minera)

 

Los conflictos socioambientales aparecen así, para ellos, como la principal manifestación del problema, principalmente de su carácter social que, re­conocen, constituye la variable que más tardíamente incorporaron.

Siguiendo esta línea, hacerse cargo hoy del problema socioambien­tal implica para los actores del ámbito empresarial considerar los impactos propiamente ambientales que genera un proyecto (afectación de recursos, pérdida de biodiversidad, alteración de la calidad del aire), pero también, y de manera complementaria, aquellos impactos sociales y económicos que dicen relación con cambios en las condiciones y calidad de vida de las co­munidades que habitan los territorios afectados (relocalización, afectación de las formas de trabajo, alteración de los usos del medio local). Implica, además, incorporar de manera temprana a las comunidades en el proyec­to, identificando desde su diseño la mayor cantidad de impactos posibles para, desde ahí, establecer las mitigaciones e ingresar el proyecto al siste­ma de evaluación formal. En estos términos, avanzar hacia un desarrollo más sustentable implicaría no sólo apuntar hacia el uso eficiente de los re­cursos naturales, sino también conseguir que el desarrollo de los proyec­tos se genere en un contexto de "paz social". En palabras de uno de los actores "hoy en día es importante lograr un buen nivel de rentabilidad pa­ra la compañía pero también para la sociedad".

La necesidad de que se establezcan "reglas claras" por parte del Es­tado también aparece como un requerimiento importante para hacer fren­te al problema socioambiental. Reglas claras que dicen relación, en primer lugar, con los problemas que se presentan en el marco de la evaluación de proyectos (SEA): en relación a la claridad de los criterios de evaluación, a los tiempos que demora el proceso y a la ambigüedad de ciertas normati­vas, todo lo cual redunda en incertezas que terminan poniendo en riesgo la viabilidad de los proyectos. En esta línea, los actores también cuestio­nan el hecho de que el sistema de evaluación este diseñado sólo para ha­cerse cargo de los impactos ambientales, dejando fuera los impactos so­ciales que, desde su perspectiva, son los que generan mayor conflicto. Más que normativa, para este último punto, los actores demandan que el Esta­do comience a observar el problema con una visión más holista.

La noción de "reglas claras" dice relación, en segundo lugar, con la necesidad de que temas de fondo que subyacen al problema comiencen a ser discutidos por la sociedad en su conjunto. Destacan en este sentido, la necesidad de generar discusión, de planificar, respecto a materias como energía y ordenamiento territorial que pueden, en definitiva, entregar al sector empresarial las bases políticas de lo que el país quiere en términos de desarrollo económico: qué proyectos van a ser considerados y cuáles no, dónde podrán ser ejecutados y dónde no, qué recursos van a ser utili­zados y cuáles no, para así no esperar que sea la evaluación de un proyec­to la instancia en la que se discutan estos temas. Algunos avanzan un po­co más lejos y plantean la necesidad de que el país decida cuál es el tipo de desarrollo al que se quiere llegar.

 

Bueno, pongámonos de acuerdo en cómo lo utilizamos, qué hacemos, sincere­mos las cosas, abramos los libros, miremos qué es lo mejor, qué es lo mejor pa­ra todos (...) La industria se va a adaptar a los requerimientos de la sociedad, (...) si la sociedad quiere gas, gas le podemos dar, y eso vale tanto, si la socie­dad quiere sol, bueno eso tiene sus costos. (Gerente Técnico, Empresa Hidro­eléctrica)

 

3.2. Observaciones críticas hacia los empresarios

 

Son los mismos empresarios quienes reconocen que en últimos años la industria ha experimentado un cambio de paradigma respecto al trata­miento del problema socioambiental, el cual, afirman, se ha dado en gran medida como respuesta al aumento de conflictos que han puesto en ja­que, no sólo la viabilidad de importantes proyectos, sino también la ma­nera de relacionarse con las comunidades (donde la postura hasta hace no mucho tiempo atrás era "no informar a la comunidad"). El cambio es aso­ciado, en segundo lugar, al incremento de los estándares ambientales que vienen de la mano de normativas y exigencias internacionales que supe­ran por mucho el marco regulatorio nacional, lo cual les permite, a su vez, hacer una distinción entre las grandes y medianas empresas, destacando entre las grandes las mineras con filial internacional[7]. En su mayoría reco­nocen, no obstante, que en cada uno de los niveles (grandes, medianas y pequeñas), aún hay empresas que observan lo ambiental como un mero trámite que deben cumplir con miras a conseguir la resolución de califica­ción ambiental (RCA).

Desde el resto de los actores, también se reconoce que los empresa­rios han tenido un cambio de actitud respecto de su comportamiento am­biental, sobre todo en lo que concierne al relacionamiento comunitario. Reconocen además el rol que ha cumplido la presión ciudadana y las normativas internacionales en la generación de este cambio, y hacen tam­bién la distinción entre quienes sólo quieren limpiar su imagen y quienes, por el contrario, quieren generar cambios de gestión más profundos. No obstante lo anterior, aún existe entre ellos el convencimiento[8] de que des­de la lógica empresarial el problema socioambiental sigue siendo observa­do en función de la rentabilidad, contexto en el que gestionar los impactos sociales y ambientales se ha vuelto positivo en la medida que favorece la estrategia de negocios. No así la ausencia de normativa y de "reglas cla­ras", que volverían cada vez más riesgosa la inversión. En este sentido, destacan que las demandas de "reglas claras" y normas más precisas por parte del empresariado siguen respondiendo a su preocupación inicial de sacar adelante los proyectos, maximizando sus beneficios y minimizando sus costos. Para ellos, el empresariado aún carece de una visión de país que es necesario desarrollen para que exista una discusión real del pro­blema.

 

3.3. Observaciones de trabajadores sobre el problema ambiental

 

Los representantes de la CUT que fueron incluidos en el estudio recono­cen que la discusión en torno al problema socioambiental recién comienza a desarrollarse en el ámbito sindical, lo que responde en gran medida a la contingencia generada por la situación de energía y el desarrollo de con­flictos socioambientales emblemáticos (entre los que destacan Hidroaysén y Freirina). Afirman, en este sentido, que antes "lo ambiental" seguía siendo observado como algo ajeno al ámbito laboral, una "preocupación de otros" que no concernía mayormente a los dirigentes sindicales. Cons­cientes de que incluso a nivel internacional no está muy claro cómo abor­dar el tema desde el punto de vista de los trabajadores, hoy está en cons­trucción una política de medioambiente a partir de la cual la CUT espera tener un rol activo en la discusión del problema.

Destacan, por otra parte, que son los trabajadores vinculados al sec­tor energía los más avanzados en la materia y quienes, al mismo tiempo, están marcando la pauta para tratar la temática de una manera más gene­ralizada. En el resto de los sectores, reconocen que aún existe reticencia a incorporar la temática como una preocupación legítima de los trabajado­res, en parte por el desconocimiento que existe en torno al problema y la manera en que éste podría llegar a afectarles. También por la posición un tanto ambigua en la que quedan los trabajadores en el marco de un con­flicto, donde, explican, es común que ser parte de la empresa y de la co­munidad se muestre, sobre todo en los medios, como algo contradictorio.

En este contexto, son dos las manifestaciones que el problema so­cioambiental encuentra en la discusión actual que se desarrolla en el mundo sindical. Por una parte, los riesgos que corren los trabajadores al estar en contacto con agentes contaminantes que puedan resultar dañinos para la salud (pesticidas, asbesto, etc.), donde el énfasis esta puesto en la necesidad de tener un "trabajo seguro y libre de contaminación". En se­gundo lugar, el problema toma forma en el marco de la discusión en torno a la generación de empleo y el cuidado del medioambiente, aspectos que, reconocen, son aún difíciles de conciliar sobre todo en un contexto país en el que económicamente se ha dado prioridad a las exportaciones y a los acuerdos comerciales en desmedro del medioambiente, donde la normati­va medioambiental es aún muy permisiva, donde no existe política ener­gética y en el que la calidad de empleo es aún muy precaria. No obstante lo anterior, y desde la premisa de que "tiene que haber trabajo", están conscientes que su generación no puede ser a cualquier costo, pues en la medida en que se afecta el medioambiente, se afecta también el lugar donde viven, el lugar donde trabajan, eso va afectando la economía y ter­mina igualmente teniendo repercusiones en la generación de empleo. A su juicio, se hace urgente entonces abrir la discusión a los temas de fondo que subyacen al problema.

 

La CUT quiere ser parte de la discusión y por eso es que nos hemos ido prepa­rando y empoderando, porque tenemos algo que decir, ah, no se debe medir solamente cuánta energía necesitamos y hagámoslo ya y de qué forma, que sea más barata, si no que digamos cuáles son los impactos sociales, el impacto en la sociedad, en el medioambiente, en el trabajo, no todo es sólo costos. (Dirigente sindical, Representante de la CUT)

 

3.4. Observaciones críticas hacia los trabajadores

 

En el caso de los trabajadores, su rol no fue explícitamente evaluado por el resto de los actores, lo que podría deberse a la vinculación más bien tardía que han tenido con la problemática y al hecho de que su figura tiende a ser fusionada con la de otros actores en el marco de la discusión (en gene­ral tienden a ser vinculados tanto a los intereses de las empresas como a las preocupaciones de las comunidades).

En cambio, son los mismos representantes de la CUT quienes desta­can que uno de los principales problemas que aún persiste en el sector, es el poco conocimiento que existe entre los trabajadores respecto del tema medioambiental, sobre todo en aquellas empresas menos vinculadas al sector productivo. Reconocen, en este sentido, que enfrentar el problema aún está lejos de constituir una prioridad en el mundo sindical.

 

4. Ámbito conocimiento experto: académicos y consultores

 

Actores relevantes de la discusión en torno a los problemas ambientales, relacionados con la comunicación científica, son los representantes de co­nocimiento experto. En este marco, el estudio consideró tanto a académi­cos como a expertos relacionados con consultoras que prestan asesorías en temas ambientales.

 

4.1. Observaciones de Académicos sobre el problema ambiental

 

Al posicionarse en su propio dominio de trabajo, el problema socioam­biental aparece para los académicos como un problema de investigación, que plantea preguntas, genera hipótesis y aporta a la generación de cono­cimiento. La contingencia con la que éste se presenta, donde los conflictos socioambientales ocupan un rol importante en su visibilización, ha visto incrementarse el conocimiento científico en los últimos años e incluso se han establecido puentes entre distintas disciplinas con miras a la com­prensión de su complejidad. En este contexto, son varias las líneas de tra­bajo desde la que hoy en día la academia se está vinculando con el pro­blema: explotación de los recursos naturales, transformaciones y represen­taciones del medioambiente, conflictos socioambientales, relaciones con el medio, biodiversidad, cambio climático, riesgo y vulnerabilidad, entre otras temáticas, cuya problematización va a variar de disciplina en disci­plina y de acuerdo a los énfasis y enfoques teóricos desde los cuales se realiza la observación.

Ahora bien, pese a la diversidad de perspectivas de observación del problema, entre los académicos existe consenso al plantear que su origen se encuentra en el modelo de desarrollo del país, convicción a la que al­gunos llegan de la mano de sus propias investigaciones, otros por su vin­culación política con la problemática. Desde ambas esferas, no obstante, el modelo es puesto en cuestión desde un punto de vista económico, pero también político y social. Identifican, en este sentido, que el problema so­cioambiental es un problema de país, transversal a los distintos dominios en que se desenvuelve la sociedad.

Partiendo de esta base, los académicos destacan la manera en la que el modelo deja en manos del mercado el acceso y la distribución de los re­cursos naturales, legitimando un contexto de sobreexplotación y uso in­tensivo del medioambiente que aparece como factor común a muchos de los problemas ambientales que afectan al país. Asimismo, éstos destacan la debilidad que aún existe en materia de institucionalidad ambiental, lo cual dice relación con las pocas atribuciones del Estado en la materia, la ausencia de regulaciones y la mala calidad de éstas. La concentración de los problemas ambientales en las zonas más vulnerables y en aquellas re­giones más alejadas del centro económico-político, aparecen por su parte como las consecuencias más visibles del problema.

En el plano de las soluciones hay dos visiones que destacan entre los académicos que fueron considerados en el estudio. Por una parte, hay quienes plantean la necesidad de establecer un diálogo social profundo con vías a discutir las condiciones en las que se está llevando a cabo el desarrollo, lo que implica replantearse la posición que tiene el medioam­biente respecto de la economía pero también hacerse cargo de las ausen­cias que aún se mantienen en materia de institucionalidad ambiental. Hay quienes, en cambio, van un poco más lejos y plantean la necesidad de cambiar de raíz el sistema económico así como la base neoliberal sobre la que se sostiene.

 

4.2. Observaciones críticas hacia los académicos

 

Es desde el mismo ámbito académico que surge la crítica hacia la posición ambigua y el distanciamiento que ha mostrado la academia respecto de la discusión del problema socioambiental. Esta crítica es compartida por el resto de los actores[9] que observan que, si bien en términos de investiga­ción es notorio el avance que se ha generado, en términos de incidencia  política, en cambio, la academia ha optado por mantenerse al margen de lo que ocurre en el país. Afirman, en este sentido, que su preocupación mayor pareciera estar centrada en la generación de papers y no en ser par­te de una discusión más ampliada, lo que ha implicado, por otra parte, que su acercamiento a la temática se dé sólo a nivel técnico, para dar opi­niones puntuales o prestar un determinado servicio pero casi nunca para tomar una posición o pronunciarse como institución frente a un determi­nado proyecto, conflicto o problema ambiental.

La poca generación de conocimiento aplicado es también una crítica que se hace recurrente en el relato de los actores[10]. Éstos cuestionan la tendencia de los académicos a centrarse en el conocimiento teórico, de­jando de lado la generación de herramientas aplicadas o publicaciones de divulgación que puedan servir de base a comunidades, ONG y profesio­nales del mundo aplicado para tener un mejor acercamiento al problema. Funcionarios municipales y miembros de ONG agregan, además, la poca o nula capacidad de la academia de devolver el conocimiento generado.

 

Si la gente quiere saber, si no para qué te sirve saber dónde anda el gato güiña por ejemplo, para qué te sirve si al final la gente igual lo va a ver, quizás qué es lo que le hagan, es mejor que la gente sepa que es una especie que está en ca­tegoría de conservación. (Encargada Medioambiente, Municipio Región Metro­politana).

 

A juicio de los actores, se hace evidente entonces la necesidad de que la academia vuelva a asumir el rol social y político que le compete y en ese camino no sólo comience a socializar sus investigaciones, sino también a participar de una manera más activa tanto en la discusión del problema como en la generación de los cambios políticos que son necesarios para enfrentarlo.

 

4.3. Observaciones de expertos consultores sobre el problema ambiental

 

Parte importante de los expertos-profesionales involucrados en los pro­blemas ambientales están relacionados con consultoras ambientales. Des­de estos espacios, se observa el problema socioambiental en el marco de la implementación o puesta en marcha de un determinado proyecto, más específicamente de la mano de los impactos que el proyecto genera o po­dría generar, donde destaca un área de efectos propiamente ambientales, cuyo tratamiento está contemplado en los procesos formales de evalua­ción ambiental, y un área en la que se gestionan los impactos sociales y económicos susceptibles de generarse sobre las comunidades directamen­te afectadas. Para esta última, destacan metodologías de relacionamiento comunitario, de gestión de conflictos, de participación temprana, que si bien presentan ciertos elementos que están estandarizados en el sector, se llevan a cabo al margen del proceso formal de evaluación de proyectos (SEA), con excepción del convenio número 169 de la OIT que comienza a ser aplicado para el caso de las comunidades indígenas[11]. Así, es posible identificar que desde el ámbito de acción de las consultoras, los problemas ambientales tendrán relación con la viabilidad de los proyectos y su desa­rrollo en el marco de una relación armónica con la comunidad.

 

O sea, aquí no se trata sólo de aprobar proyectos, sino que es aprobar proyectos y desarrollarlos de manera sustentable en su relación con la comunidad, enton­ces ese ha sido un proceso que yo te diría que en Chile se ha ido produciendo. Y asimilar la importancia que tiene, hace 15 años atrás esto no era tema, hace 15 años atrás las empresas trataban de no tocar el tema, de no informar a la comunidad, esa era la postura. (Gerente de Medioambiente, Consultora Am­biental).

 

La generación de un conflicto socioambiental aparece, en este contexto, como la principal manifestación del problema que tendrá lugar en la me­dida en que la relación empresa-comunidad se quiebre y ésta última reac­cione ante los impactos, sobre todo sociales, que no lograron ser debida­mente mitigados o minimizados. 

En relación a los factores que dan origen al problema, las opiniones son dividas entre los profesionales. En una primera postura, destaca el ar­gumento de quienes ven la emergencia del problema como una conse­cuencia directa de las fallas que aún presenta la institucionalidad ambien­tal, donde las críticas se dirigen sobre todo hacia el Sistema de Evaluación Ambiental: la manera en que éste debe hacerse cargo de problemas para los que no fue diseñado, la imposibilidad de hacer modificación a los pro­yectos, la incertidumbre que existe respecto a los tiempos que debe durar el proceso de evaluación y el poco acompañamiento que se le ha dado al mundo empresarial para comprender a cabalidad sus requerimientos téc­nicos.

 

Hoy día el mundo empresarial ha tenido que entenderlo a punta de errores y eso ha sido una pérdida para el país. O sea, una pérdida grande para todos, han sido motivos de conflicto, han sido problemas de contaminación, todo lo malo que tú conoces ha sido producto de eso creo yo. (Gerente de Medioambiente, Consultora Ambiental).

 

Desde este punto de vista, dar solución al problema implicaría sobre todo un esfuerzo de parte del Estado por mejorar la institucionalidad ambiental vigente, estableciendo "reglas claras" en relación a la evaluación de los proyectos, pero también a la planificación territorial, cuya ausencia apare­ce como un agravante más del problema.

 

4.4. Observaciones críticas hacia los expertos consultores

 

El principal problema que identifican los expertos vinculados a consulto­ras, es la diversidad de empresas de este tipo que hoy en día están dedica­das a "lo ambiental" y la ausencia de regulación que presenta la actividad, sobre todo en lo que refiere al relacionamiento comunitario. Si bien algu­nas consultoras son filial de empresas internacionales, por lo que se rigen por ciertos protocolos, la generalidad es que cada una establezca sus pro­pios criterios y metodologías, lo que en la práctica, reconocen, puede tra­ducirse en diferencias significativas en la calidad del trabajo realizado.

Desde el resto de los actores la crítica se endurece al evaluar los compromisos que los expertos han establecido con el mundo privado, so­bre todo en el marco de la realización de consultorías. Si bien algunos ac­tores entienden que esto ocurra, observan en esta relación la pérdida total del eje en el que debiera estar centrada la labor universitaria, lo que vincu­lan, a su vez, con la manera en que el paradigma individualista se ha ins­talado en la formación.

 

5. Complejidad del problema socioambiental: Múltiples observadores

 

Una de las principales dificultades al enfrentar problemas ambientales se relaciona con la multiplicidad de miradas en torno a ellos. Como lo plan­teábamos en el comienzo de este artículo, cada observador tiene limita­ciones estructurales que se constituyen en puntos ciegos de la observa­ción. De esta forma, los actores relacionados con el ámbito público están limitados por las estructuras de la comunicación política, mientras los ac­tores del ámbito privado, lo están por la comunicación económica y los re­lacionados con el conocimiento experto están limitados por las estructuras de la comunicación científica.

En la siguiente tabla se presentan las principales distinciones aso­ciadas por los actores de cada ámbito a la comunicación de los sistemas político, jurídico, económico y científico.

 

Tabla 1. Distinciones relacionadas con ámbitos y dominios comunica­tivos

Comunica­ción

Ámbito Público

Ámbito Privado

Ámbito conoci­miento experto

Política

Problema ambien­tal sólo es rele­vante cuan­do lo es también para los votantes

Problemas am­bien­tales como conflictos sociales

Existencia de conflic­tos de interés entre las autoridades polí­ti­cas y los empresa­rios

 

Poco conocimiento y entendimiento de las autoridades y funciona­rios públi­cos sobre los temas ambientales

Falta de coordina­ción entre los dis­tintos orga­nismos con competen­cia ambiental

Ju­rídica

Debilidad en los pro­ce­dimientos y regu­lacio­nes vi­gentes

Ausencias de norma y leyes es­pecíficas nece­sarias

Necesidad de mejo­rar la institucionali­dad ambiental vigen­te, estableciendo "reglas claras".

 

Débiles atribucio­nes del Estado, au­toridades tendrían un margen de ac­ción muy estrecho

 

 

Económica

Agenda ambiental esta­ría supeditada a la esta­bilidad eco­nómica

Impactos necesarios o inevitables debido a la actividad pro­ducti­va.

Problema socioam­biental como proble­ma de rentabilidad.

Preponderancia de los criterios econó­micos por sobre los políticos.

 

Científica

Débil relación en­tre academia y comuni­da­des

Falta de generación de conocimiento apli­cado

 

Desarrollo de in­vestigación y gene­ración de conoci­miento.

Principal preocupa­ción: generación de papers

Fuente: Elaboración propia

A partir de las distinciones aquí identificadas, es posible diferenciar las ob­servaciones que los actores realizan sobre sus propias limitaciones (cua­dros grises) y sobre las dificultades que ellos visualizan en los otros ámbi­tos.

Cuando los actores del ámbito público se refieren a la comunicación política, identifican la relevancia de los conflictos y de la preocupación de los votantes sobre los problemas ambientales. Paralelamente, al referirse al sistema jurídico -que se relaciona estrechamente con sus funciones-  reflexionan sobre las limitaciones de la actual institucionalidad.

Por otra parte, cuando los actores relacionados con el mundo priva­do remiten a su propio ámbito, a la comunicación económica, asocian los problemas ambientales con impactos inevitables de las actividades pro­ductivas, identificando además un problema de rentabilidad. Asimismo, la principal demanda o crítica relacionada con el ámbito jurídico refiere a la falta de reglas claras para el desarrollo de actividades productivas, mien­tras al referirse a la comunicación política cuestionan los conflictos de in­tereses que existirían entre políticos y empresas. Finalmente, al hacer refe­rencia a la comunicación científica, los actores empresariales cuestionan la falta de generación de conocimiento aplicado.

Por último, en el ámbito del conocimiento experto, cuando se refie­ren a la comunicación científica, se destaca que lo central es la productivi­dad académica (investigación y papers). Estos expertos, al referirse al ám­bito político, se concentran en dos debilidades centrales: la falta de coor­dinación entre los diferentes organismos y la falta de conocimiento de las autoridades y funcionarios en relación a los temas ambientales. Al referir­se a la legislación, indican la falta de atribuciones que tendrían las autori­dades para enfrentar los problemas ambientales. Por último, en relación a la comunicación económica, se identifica una clara preponderancia sobre los criterios políticos.

Otra forma de observar las diferencias en las descripciones que realicen los diferentes actores, se relaciona con la identificación del pro­blema ambiental y las expectativas para abordarlo. En la siguiente tabla vemos la comparación de estos elementos.

 

Tabla 2. Definición del problema ambiental y expectativas para abordarlo

 

Ámbito Público

Ámbito Privado

Ámbito conocimien­to experto

Problema Ambiental

Problema técnico que se origina y resuelve en el marco de la ins­titucionalidad am­biental vigente.

Problema normativo ocasionado por au­sencia de "reglas cla­ras" y normas más precisas que permi­tan minimizar costos.

Problema institucional, relacionado con la viabilidad de los pro­yectos y su desarrollo en el marco de una institucionalidad adecuada.

Expectativas para abor­dar los pro­blemas am­bientales

Diferenciación: Nece­sidad de establecer límites a la manera en que lo económico es­tá influyendo en las decisiones políticas.

Regulación: Incre­mento de los están­dares ambientales que vienen de la mano de normativas y exigencias interna­cionales.

Politización: Necesi­dad de que la aca­demia vuelva a asu­mir un rol social y político, más allá de la mera difusión de conocimiento.

Fuente: Elaboración propia

 

Es interesante observar cómo, para el ámbito público, el problema am­biental es técnico y se relaciona con la institucionalidad ambiental vigente. Mientras para el ámbito privado, el problema estaría ocasionado por la ausencia de reglas claras, haciendo referencia también a la institucionali­dad. Finalmente para el conocimiento experto, el problema también se vincularía con la institucionalidad y la viabilidad de los diferentes proyec­tos.

Al hacer referencias a las expectativas de solución o alternativas pa­ra abordar estos problemas hay importantes diferencias. Mientras para el ámbito público lo importante es establecer límites a la influencia de lo económico en lo político, para el ámbito privado la clave está en el au­mento de los estándares ambientales gracias a las presiones del mercado internacional. Finalmente, en el ámbito del conocimiento experto se iden­tifica la necesidad de que la academia tenga un rol más activo en el ámbito político.

 

Conclusiones

 

Al analizar los discursos de los representantes de los diferentes ámbitos, es evidente la determinación de las estructuras presentes en los sistemas funcionales con los que se relacionan primordialmente y también de las estructuras organizacionales con las que se vinculan. De esta forma, es comprensible que para los funcionarios públicos, cumplir con la norma sea lo más relevante en relación a los problemas ambientales, o que para los empresarios sea posible tematizar estos problemas desde la perspecti­va de la rentabilidad.

Por otra parte, se entienden también las críticas que realizan los di­ferentes actores a otros observadores, donde cada uno está analizando el problema y el actuar de los otros observadores desde sus propias estructu­ras, sin problematizar los puntos ciegos. Este punto es fundamental, ya que uno de los aspectos claves para avanzar en una coordinación efectiva se relaciona con la capacidad de los sistemas de aprender, a partir de la re­flexividad que implica la observación de los propios límites. Si bien en al­gunos casos los actores problematizan las determinaciones de sus propios ámbitos, no se evidencia una posición clara frente a sus propias estructu­ras de observación.

Es interesante identificar como -a pesar de las diferencias- hay una mirada general que indica que hay una preponderancia de los criterios económicos por sobre los políticos y que la institucionalidad ambiental no es suficiente para regular los problemas ambientales y para establecer las reglas del juego que permitan desarrollar inversiones.

Finalmente, es importante destacar la ausencia de una mirada a largo pla­zo que facilite la coordinación entre diferentes perspectivas. Esto es una ausencia importante, ya que precisamente cuando se logre instalar un ho­rizonte temporal mayor, construyendo además una institucionalidad que vele por ello, las evaluaciones económicas se verán obligadas a incorporar los efectos de las diferentes operaciones en el resto de los ámbitos sociales y ambientales, incorporando los costos que ellas implican. Entonces, pre­cisamente gracias a esta mirada a largo plazo existirán mayores posibili­dades de lograr el entendimiento entre los diferentes actores.

En definitiva, la investigación antes presentada y discutida nos pre­senta un panorama paradojal para los problemas socioambientales, esto es, intentar dar cuenta de la unicidad desde la diversidad. Esto no se re­suelve simplemente con fórmulas nominales del tipo: "hay muchos am­bientes debido a muchos observadores" o "no existe consenso respecto de lo ambiental". El diagnóstico de una sociedad funcionalmente diferencia­da muestra en sus fundamentos que estas son condiciones peculiares de su funcionamiento y precaria estabilidad.

El verdadero problema reside más bien en señalar las dinámicas por las cuales cada posición de observación y descripción alcanza niveles de reflexividad que hacen posible llevar sus descripciones al nivel de observa­ción de segundo orden y, de este modo, poder al menos mover los puntos ciegos hacia posiciones que los tematicen en la propia discusión. En tanto cada posición sistémica desplace el peso de sus responsabilidades hacia su entorno, no será posible una adecuada articulación de posiciones de ma­nera virtuosa para afrontar los problemas socioambientales. La tarea no es ciertamente sencilla, pero la racionalidad sistémica solamente se alcanza cuando se tolera la introducción del esquema de observación dentro de sí mismo y se maneja la paradoja en su interior. De este modo, lo económico asume que no todo puede ser llevado a sus operaciones, en tanto ellas su­ponen un estado indiferenciado; lo político recoge la bandera del univer­salismo desmedido hacia una comunidad política amorfa y resbaladiza y reafirma que la oposición es simplemente un valor de conexión y no un partido o una ideología -ni siquiera un conjunto de todo esto; la ciencia introduce sus propios vacíos de conocimiento como motores de curiosidad hacia lo que acontece más allá de sus fronteras, etc.

La ausencia de una perspectiva global e integradora de la sociedad moderna puede ser no solamente un obstáculo para dar respuestas efecti­vas a los problemas socioambientales, sino también un terreno fértil para reenfocar estos problemas a la luz de una posición decididamente multifo­cal. El ambiente de la sociedad se nos presenta precisamente como un punto de reflexión (de introspección y reflejo) donde la sociedad ha de ex­perimentar su propio límite y soportar el vértigo de su propia parado­ja.RM

 

Referencias

 

Douglas, M. (1996). La aceptabilidad del riesgo según las ciencias sociales. Barcelona: Paidós.

Luhmann, N. (1997). Die Gesellschaft der Gesellschaft. Frankfurt aM: Suhrkamp.

Luhmann, N. (1986). Ökologische Kommunikation. Kann die moderne Gesellschaft sich auf ökologische Gefährdungen einstellen? Opladen: Westdeutscher Verlag.

Luhmann, N. (2000). Organisation und Entscheidung. Opladen: Westdeutscher Verlag

Spencer-Brown, G. (1979). Laws of Form. New York: EP Dutton.

 

Sobre las autoras

Anahí Urquiza es Antropóloga social y Magíster en Antropología y Desarrollo por la Universidad de Chile. PhD en Sociología con mención en Geografía por la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich, Alemania. PhD en Environment and Society por el Rachel Carson Center de Múnich. Actualmente se desempeña como académica en el Departamento de Antropología de la Universidad de Chile. Además es investigadora del Centro del Clima y la Resiliencia (Cr2) y del Núcleo Interdisciplinario de Estudios Socioambientales (NIES), ambos de la Universidad de Chile, e investigadora del proyecto MAPS (Mitigation Action Plans and Scenarios) que convoca a la Universidad de Chile, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la fundación Children Investment Fund (CIFF), la Alianza Clima y Desarrollo (CDKN), y los gobiernos de Suiza, Dinamarca, Chile y Sudáfrica. Entre sus últimas publicaciones se destacan: La organización de las organizaciones sociales (junto a Marcelo Arnold y Hugo Cadenas. RIL, 2014), Niklas Luhmann y el legado universalista de su teoría (junto a Hugo Cadenas y Aldo Mascareño. RIL, 2012), y Medioambiente y sociedad (junto a Enrique Aliste. RIL, 2010).

 

Bárbara Morales es Antropóloga social y Máster en Sociología por la École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) de París, Francia. Candidata a Doctora en Antropología por la misma universidad. Actualmente se desempeña como investigadora del Núcleo Interdisciplinario de Estudios Socioambientales (NIES) y es asistente de investigación del Centro del Clima y la Resiliencia (Cr2), ambos de la Universidad de Chile. Entre sus últimas publicaciones destacan: Defensa del medio ambiente y ciudadanía: etnografía de  los procesos de construcción de comunidad en el curso de  la acción colectiva (Revista: Persona y sociedad, 2013), La defensa del medioambiente y la construcción de ciudadanía (Revista: Amérique Latine Histoire et Mémoire, 2012) y Tensiones entre lo global y lo local en el conflicto ambiental (junto a Asunción Díaz en "Medio Ambiente y Sociedad" A. Urquiza y E. Aliste (Eds.), Santiago de Chile, 2010).

 

Contacto

Departamento de Antropología

Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile

Avenida Ignacio Carrera Pinto 1045, Ñuñoa

Santiago, Chile

CP: 6850331

anahiurquiza@u.uchile.cl

Recibido: Junio 2015

Aceptado: Agosto 2015

 

Notas


[1] Proyecto FONDAP 15110009

[2] Frente a lo cual, los actores destacan que se están llevando a cabo "planes de descontaminación" específicos en las zonas afectadas (Puchuncaví, Ventanas, Huasco, Coronel, entre otras).

[3] Cuyo Proyecto de Ley, que establece la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, se encuentra actualmente en discusión en el Congreso.

[4] Esta última, desde la perspectiva de uno de ellos, no sólo a nivel de la participación de los ciudadanos en las decisiones que afectan sus territorios, sino también de las regiones en lo que respecta a su propio desarrollo.

 

[5] Lo que está estrechamente vinculado a las metas que el Ministerio les pide cumplir en el marco de los procesos de certificación ambiental.

[6] Ambas comunas de la Región Metropolitana que participaron en el estudio poseen carácter industrial.

[7] Empresas que, en general, son las que presentan mayor organización y capacidad para hacerse cargo internamente de la temática.

[8] Entre parlamentarios, Ong, expertos, funcionarios públicos y trabajadores.

[9] Miembros de ONG, expertos, empresarios, parlamentarios.

[10] Sobre todo entre expertos, consultoras y empresarios.

[11] Comienza a regir en diciembre de 2013 en conjunto con las modificaciones que introduce al sistema la Ley 20.417 (2010) que crea el Ministerio del Medioambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medioambiente.