Introducción

Terminada la guerra fría, los avatares ideológicos y tácticos posteriores al derrumbe del muro de Berlín y de los socialismos reales, la fuerza de arrastre de la ola en retirada fue repentina y terminaron por llevarse consigo los temas que durante gran parte del siglo resultaron vitales en la articulación de discursos sociales que en el pasado reciente estructuraron de sentido individual y colectivo de millones de personas en todo el mundo.

Ya no es un misterio que las principales potencias mundiales han cambiado sus prioridades. El mercado libre, las privatizaciones, la reducción del aparato estatal, la globalización económica, comunicacional y cultural, el avance vertiginoso de nuevas tecnologías y los espacios virtuales de interacción, emergen como los ejes sobre los cuales giran los principales debates académicos, políticos, empresariales, educativos e incluso religiosos.

En este nuevo contexto, han surgido con fuerza nuevos temas públicos, los cuales no son ajenos a los procesos globales pero adquieren la complejidad propia de los particularismos locales en los cuales se insertan, generando cambios sustantivos en las corrientes sociales que marcaban hasta hace poco los cursos de movimientos sociales, agendas públicas y conflictos sociales en el interior de los estados nacionales.

Indudablemente uno de los temas "glocalizados", para usar una expresión de Ronald Roberson, es el de la seguridad ciudadana. Es decir que los procesos globales no excluyen las particularidades locales y donde lo local puede considerarse además como parte de lo global (Roberson, 1995). En esos términos, las características globales que adquiere la criminalidad, así como el cambio en los significados que ha implicado una creciente preocupación por el bienestar y la seguridad personal, es asumido en lo concreto, en la vida cotidiana de lo local convirtiéndose en "glocal", pudiéndose distinguir rasgos particulares de las maneras de vivir la inseguridad desde el espacio nacional y local, aunque el problema se encuentre mundializado.

Si bien el tema de la seguridad ciudadana no es completamente nuevo, pues al menos desde los años cincuenta que se viene manifestando, no son pocos quienes afirman que se instala como una de las principales prioridades sociales hacia finales de los noventa por el Manhattan Institute, organización americana de orientación neoconservadora que considera que la guerra contra el comunismo ha concluido y que la nueva prioridad debe dirigirse al resguardo de las personas y su calidad de vida, bajo la premisa que el resguardo e inviolabilidad de los espacios públicos resulta esencial para la vida en la ciudad y que el desorden genera delincuencia.

Esta doctrina constituyó la base entonces de la conocida teoría de las "ventanas rotas" elaborada por James Q. Wilson y George Kelling, que inspiró a la ya famosa política de Tolerancia Cero, encabezada por el alcalde de Nueva York Rudolph Giulliani (Ramos y Guzmán, 2000).

Resulta evidente que un tema no puede ser inyectado a la fuerza como un contenido arbitrario en los países y en la mente de las personas, pues se requieren condiciones socioculturales, económicas e históricas que las favorezcan. La preocupación por la seguridad ciudadana sólo encuentra un campo verdaderamente fértil al concluir el siglo veinte, con un neoliberalismo cuasi-globalizado y una cohesión social notablemente debilitada por un individualismo valórico, que ha alcanzado su punto más elevado en un mundo regido fundamentalmente por la premisa de la acumulación incesante del esfuerzo individual.

Por otra parte, la instalación durante los últimos años en muchos países de un discurso centrado en la inseguridad, legitimada y tematizada (Saperas, 1987), además por los medios de comunicación de masas, parece funcional a la operatoria del sistema político que incorpora la inseguridad como un problema social que requiere de la respuesta del aparato público.

En una sociedad compleja -caracterizada por un aumento permanente de experiencias y acciones así como por la presencia de una variedad de grupos de interés y sistemas parciales, que disponen de su propia manera de observar los entornos en los cuales ejercen su actividad cotidiana- resulta imposible alcanzar formas de consenso mediante la opinión pública, considerada ésta como fruto de la libre discusión de los temas públicos (Ibid.). En consecuencia, ante la imposibilidad de establecer intereses generales uniformemente considerados y asumidos, se impone la necesidad de abordar los problemas mediante decisiones estratégicas de carácter parcial, es decir, de manera autorreferente en el interior de cada sistema especializado de la sociedad. En otras palabras, en la actualidad la opinión pública ya no comprende a todo el sistema social, sino fundamentalmente al sistema político como sistema parcial, el cual opera mediante comunicaciones públicas derivadas de una selección contingente de temas que alcanzan gran difusión mediática, por la saturación informativa reiterada y por el alcance y diversificación del sistema de comunicaciones en el interior de las sociedades contemporáneas.

Ahora bien, la tematización de la inseguridad en los medios de comunicación de masas en muchos países del mundo durante el último cuarto de siglo y en Chile particularmente durante la última década, ha implicado entender el tema como un problema social de primera importancia en la agenda nacional y por tanto de implicación política. Invariablemente una vez que el incremento de las tasas de criminalidad alcanza elevada difusión social y se generaliza la sensación de peligro, muchas veces por un tratamiento sensacionalista por parte de los medios masivos (Tudela, 1995), y/o interesadamente motivado por ciertos niveles de decisión como también por los denominados "poderes fácticos", inevitablemente la opinión pública demanda una respuesta eficaz de la autoridad, exigiendo frecuentemente medidas que implican incrementar el control y la represión (1).

En esos términos se ha llegado a afirmar que la doctrina de la seguridad ciudadana vino a reemplazar la doctrina de la seguridad nacional, en un contexto donde el discurso de la inseguridad pareciera necesario y consustancial con el proceso de alto crecimiento económico y una mala distribución del ingreso (Bengoa, 2000).

Conceptualización de la Inseguridad

Típicamente se han diferenciado tres tipos de seguridad frente a los que los Estados modernos deben asumir y establecer competencias: la seguridad externa, la seguridad interna o pública y la seguridad ciudadana.

La seguridad externa constituye la primera y más antigua instancia que debió resguardar el Estado, vinculándose a la defensa de la soberanía territorial de la nación de posibles fuentes de amenaza provenientes desde el exterior. En esta esfera son las Fuerzas Armadas de un país las instituciones en que recae dicha responsabilidad. La seguridad interna o pública, en tanto, se refiere a la necesidad de mantener el orden público y el imperio de las leyes en el territorio de un Estado - Nación y su cumplimiento ha sido habitualmente encargado a las fuerzas policiales en la mayor parte de las democracias modernas (Kinkaid y Gamarra, 1996).

La noción de seguridad ciudadana sin embargo tiene una menor tradición, constatándose una notable falta de claridad. Este concepto remite a la tradición de la idea de ciudadanía y, por lo tanto, a la capacidad de los ciudadanos como agentes activos, y no como una masa relativamente pasiva, que únicamente demanda seguridad de una instancia superior. Por otra parte, la mayor parte de las definiciones de seguridad ciudadana la vinculan con la seguridad pública. En esos términos la seguridad ciudadana comparte los principios bajo los cuales los Estados democráticos deben ejercer la seguridad interior, pero su diferencia específica deriva de los agentes involucrados, particularmente en este caso, las personas que ejercen derechos y tienen deberes ciudadanos.

Una confusión frecuente es aquella que tiende a vincular la seguridad ciudadana con el tratamiento de la delincuencia y las causas de la actividad criminal. Este error deriva de un análisis que no reconoce suficientemente el alto grado de diferenciación con que operan las sociedades contemporáneas.

La actividad delictual constituye una diferenciación en el interior de la sociedad que posee sus propias reglas operativas, su lenguaje, sus códigos y programas para enfrentar su adaptación al entorno que llamamos "sociedad normal", mediante estrategias desviadas respecto de las normas sociales de la cultura dominante. Por tanto la compleja etiología involucrada en su estructuración, la dinámica interna que la mueve y sus amplias repercusiones sociales son distintas de los procesos y acciones de los sistemas que buscan alcanzar seguridad.

De allí que se entienda que para la consecución de la seguridad ciudadana se requiera de la responsabilidad tanto del Estado y de sus diversos organismos como de la ciudadanía en general. Por ello las acciones en materias de seguridad ciudadana pueden ejercerse en diversos ámbitos: metropolitano, local, vecinal, etc., puesto que este problema se presenta en cualquier escala territorial y la participación activa de la ciudadanía en la superación del problema a través de sus organizaciones comunitarias se torna indispensable para incrementar los niveles de prevención.

Los sistemas humanos que buscan seguridad han conceptualizado su entorno como riesgoso, cuestión que podría corresponder o no con una situación objetiva. Dicho proceso que inevitablemente se encuentra afectado por el contexto sociohistórico y por las características que asuman los sistemas económico y político, y las formas de representación alimentadas desde los medios de comunicación de masas, no siempre se corresponde con la dinámica y evolución de la delincuencia, por ejemplo. Numerosas experiencias demuestran que la sensación de inseguridad no guarda relación estricta con las estadísticas que registran empíricamente las probabilidades de ser víctima de delitos.

Pero una vez que se generaliza la sensación de peligro, es decir la posibilidad de sufrir daños, los sistemas - sean personas, organizaciones o grupos - se busca emprender acciones que persiguen, bajo su propia óptica y escalas evaluativas disminuir los riesgos. En definitiva lo que hacen los sistemas sociales es efectuar prevenciones, para lo cual asumen con su operar inevitablemente algún nivel de riesgo, buscando evitar posibles daños futuros, tales como robos, agresiones, asaltos, catástrofes, etc. Ello les permite reforzar la sensación de seguridad, la que nunca es absoluta, pues no existe de hecho conductas o situaciones libres de peligros o riegos.

En términos generales puede afirmarse que los sistemas sociales han diferenciado la temática acotándola a dos aspectos fundamentales: a) las amenazas a las personas y los bienes derivadas de la actividad delictiva, particularmente los robos con violencia, hurtos y las diversas formas de agresión; y b) los peligros relacionados con la ocurrencia de catástrofes y desastres naturales como consecuencia de terremotos, inundaciones, aluviones, crisis ecológicas, etc. De ambas dimensiones, la referida al delito ha pasado ha constituir el contenido más frecuente respecto de la discusión sobre seguridad e inseguridad ciudadana. Esto parece derivar de la permanente contingencia que deben afrontar los sistemas frente al crimen, del aumento progresivo de las tasas de delitos experimentado en casi todo el mundo durante los últimos años y del cambio en las prioridades de los sistemas político - económicos, entre otras dinámicas. En cambio la dimensión referida a las fuentes de amenaza del ambiente natural es esporádica o cíclica, obedeciendo frecuentemente a las particularidades climáticas o a la topografía de un determinado territorio y no han logrado asociarse en la conciencia colectiva al tratamiento típico de la seguridad ciudadana.

Diversos han sido los actores involucrados en los procesos de prevención de la actividad delictual en las sociedades contemporáneas. Entre ellos destacan en primer término el Estado a quien le compete la responsabilidad predominante de protección del ciudadano. Para ello acude a sus diversos organismos tales como los Tribunales de Justicia, la policía y las instituciones carcelareas. Por otra parte, se encuentra la sociedad civil tanto organizada mediante partidos políticos, corporaciones y organizaciones no gubernamentales, como aquella que expresa los intereses particulares de las personas individuales.

En el nivel local ha sido frecuente la incorporación de organismos descentralizados del Estado como los municipios y la comunidad mediante la participación en juntas de vecinos, comités de seguridad, agrupaciones de jóvenes, clubes deportivos y entidades como bomberos o guardias civiles. Cada uno de ellos se incorpora a los procesos de articulación de la prevención con su propia carga valórica, su particular forma de ver e interpretar el mundo y las posibilidades de acción que le permiten sus límites de operación sistémica.

La seguridad ciudadana enfrenta entonces un imperativo ineludible: debe articular, discursos, intereses, capacidades y compromisos diversos para la consecución de un fin del cual los actores involucrados extraen beneficios también distintos pero que son evaluados por cada uno como potencialmente posibles y compensatorios respecto de una actitud pasiva frente al tema.

Principales Modelos Internacionales de Prevención del Delito

Durante las últimas cinco décadas ha surgido en el mundo desarrollado un conjunto de estrategias que expresadas en políticas de estado, planes nacionales, regionales y locales, o bien mediante propuestas surgidas en ciudades o municipios específicos, han orientado las respuestas mediante las cuales los principales países industrializados vienen enfrentando la inseguridad en las grandes urbes.

Estas iniciativas han sido propuestas en diversos momentos, responden a múltiples concepciones ideológicas, poseen diverso alcance social y han alcanzado resultados disímiles. No obstante todas pretenden prevenir y reducir la frecuencia o limitar la posibilidad de aparición de actividades criminales haciéndolas imposibles, más difíciles o menos probables (Gassin, 1990: 27). A pesar de esta gran dispersión, atendiendo a los fundamentos teóricos de las diversas propuestas, es posible agruparlas en grandes modelos de prevención del delito. Al respecto se han distinguido cinco estrategias que permiten una descripción general de la multiplicidad existente (De la Puente y Torres, 2000).

El primer modelo se ha denominado de la Prevención Social Primaria de conductas delictivas. Este paradigma estructurado desde las teorías clásicas sobre la etiología del delito, según las cuales la acción criminal obedece a un conjunto de factores anteriores a su perpetración, tuvo una generalizada aplicación durante la época del Estado Benefactor en Suecia, Inglaterra, Francia, Países Bajos, entre otras naciones europeas, y en América fundamentalmente en Canadá. Su estrategia básica consiste en que a través de la intervención por parte de los organismos del Estado, se logren disminuir las tendencias delictivas de la población en mayor riesgo, influyendo en sus actividades y comportamientos mediante el diseño e implementación de amplios programas de desarrollo económico - social de largo plazo en materias de educación, salud pública, vivienda, empleo y de recreación para el uso del tiempo libre, privilegiando a la población joven como principal beneficiaria.

La racionalidad fundamental de este tipo de intervención "radica en el supuesto de que el mejoramiento de las condiciones materiales de vida de la población más vulnerable y proclive a cometer delitos contribuyan a neutralizar los factores que originan conductas criminales y que, por tanto, se deben mudar la condición socioeconómica de las personas antes que incurran éstas incurran en un acto delictivo" (De la Puente y Torres, 2001: 21). Se trata entonces de una acción anticipadora de la criminalidad que se orienta a interrumpir la carrera delictiva, que se diferencia de la prevención secundaria y terciaria que se aplican cuando el delito ya se ha cometido.

Las investigaciones orientadas por este modelo en diversos países han mostrado que los factores que ejercen influencia sobre las predisposiciones a la delincuencia serían especialmente: a) los problemas que afligen a la familia de los hijos adolescentes tales como abandono, maltrato e indiferencia de los padres; b) el ausentismo, la mala conducta y el abandono escolar; c) la pertenencia a pandillas o bandas delincuentes; d) el consumo excesivo de alcohol y otras drogas; e) la prevalencia de problemas de personalidad tales como falta de auto - estima, de auto - control, egocentrismo, poca resistencia a la frustración, deseo de obtener gratificaciones materiales inmediatas; y f) la persistencia de necesidades urgentes que pueden ser satisfechas rápida y fácilmente por medios ilegítimos (Ibid.).

Bajo esta lógica surgió una gran diversidad de medidas de prevención que buscaban identificar potenciales infractores, especialmente entre grupos de jóvenes de menores ingresos, bandas de adolescentes marginales, estudiantes pobres con problemas de deserción escolar e hijos de familias irregulares de alto riesgo social. De esa forma una vez definidos los grupos objetivo, se propone iniciar programas de incorporación escolar y laboral, desarticulación de pandillas, así como también aplicar diversas formas de prevención del maltrato infantil, talleres recreativos o bien estrategias de nivelación educativa, sistemas de becas y reforzamiento en escuelas y centros de formación técnica, entre muchas otras.

Un segundo modelo corresponde al de Prevención Situacional del Delito, el cual se desarrolla originalmente en Inglaterra hacia finales de los años setenta. Su supuesto básico considera la distribución diferencial de los delitos según la particular relación de oportunidades para delinquir. Supone la realización de cálculos racionales por parte del potencial infractor, bajo una lógica estricta de costos y beneficios. Ello derivaría del hecho de que los delincuentes no sólo requieren motivaciones sino también de una disponibilidad y accesibilidad respecto de la selección de blancos alcanzables que están en un momento concreto sin vigilancia o control social. (Cromwell, 1996).

Evitando las complejas disquisiciones respecto de la causalidad del delito, el modelo parte de una concepción pragmática pero que pretende aplicarse a todo tipo de ilícitos, pues asume que cualquier acto antisocial posee una situación y lugar concreto de ocurrencia, de modo que si es posible intensificar los mecanismos de control mediante una amplia gama de intervenciones será posible disminuir las conductas desviadas, pues se han reducido las oportunidades para que ésta se manifieste.

En este caso el viejo refrán "la oportunidad hace al ladrón", se plasma en un repertorio operativo que ha generado numerosas investigaciones especialmente en Inglaterra y EE.UU. y que incluye cuatro máximas: "1) medidas dirigidas hacia formas específicas del delito; 2) que involucran diseños o intervenciones sobre el entorno inmediato donde ocurren esos delitos; 3) de un modo tan permanente y sistemático como sea posible; 4) como para reducir las oportunidades de cometerlos". (Clarke y Mathew, 1980:1).

En términos específicos, inspirados en este paradigma se han implementado mecanismos de vigilancia y detección consistente en la instalación de cámaras, videos, televisión en circuito cerrado, rayos X, detectores de metales, etiquetas electrónicas, sistemas de alarma, sistemas telefónicos para comprobar la validez de tarjetas de crédito e identidad de las personas, etc. (De la Puente y Torres, 2000). Son parte de este modelo también las medidas que afectan el espacio público propiciados por arquitectos urbanistas tales como Jacobs, 1962; Jeffry, 1971 y Newman, 1972, acerca del rediseño de los conjuntos habitacionales construidos por el Estado así como de la planificación de escuelas, sectores comerciales y áreas de recreación. Desde esta perspectiva se procura hacer "más defendible" el espacio que se habita, de modo que la estructura físico - espacial facilite el reconocimiento y control social de los extraños, mediante la instalación de exclusas, barreras de control de acceso y salida, diseño de calles y pasajes, estructura de circulación, entre múltiples otras intervenciones de diseño arquitectónico (Sepúlveda, De la Puente, Torres, Tapia, 1999).

Un tercer modelo en que se pueden agrupar las iniciativas referidas a la temática de la seguridad ciudadana es el de la Prevención Multi-agenciada del Delito. El desarrollo de este modelo comenzó en los años setenta en Suecia y Canadá, a partir de la conformación de consejos de prevención de la delincuencia que procuran la generación de un amplio espacio social para la participación de una diversidad de actores. Estas ideas también se han aplicado en países como Finlandia, Noruega, Dinamarca, Francia e Inglaterra, en décadas recientes.

En la mayoría de los casos donde esta concepción se ha utilizado, se ajusta a la idea fuerza de "responzabilización ciudadana" para la prevención y disminución de la delincuencia, involucrando diversos agentes sociales en procesos descentralizados que logren superar el verticalisno estatal y los vicios de las soluciones individuales mediante los mecanismos de mercado (De la Puente, Torres 2000). Se trata entonces de evitar uno de los grandes vicios generados por el Modelo Situacional que ha favorecido la conformación de áreas segregadas mediante la agregación de iniciativas individuales de prevención, lo cual propendería a crear nuevos peligros (Bottoms, 1990).

Bajo estos parámetros se intenta favorecer la formación de multi - agencias entre el Estado y ciudadanía, "....que incluyan una asociación entre la sociedad civil, la policía y, especialmente, a las autoridades locales que constituyen el foco natural para la coordinación con las instituciones sectoriales del Estado y por cierto con los organismos policiales, en un amplio abanico de actividades orientadas hacia el logro de la seguridad" (De la Puente, Torres, 2000 : 32).

El desempeño y eficiencia del modelo ha sido matizado, existiendo logros interesantes en Inglaterra donde se ha generalizado notablemente este tipo de coordinaciones (Tilley, 1994), no obstante se han desarrollado a la par importantes críticas que abarcan aspectos tan disímiles como falta de uniformidad de los programas que las diversas agencias proponen (Liddle y Gelsthorpe, 1994), el centralismo que ha ido adquiriendo algunas instancias nacionales en desmedro de la influencia local (Loveday, 1994), hasta el desplazamiento de las diversas modalidades delictivas hacia otras áreas (Pease, 1997),

El cuarto modelo corresponde al denominado Prevención Comunitaria del Delito, el cual surge como una posible alternativa viable en medio del debate en torno al eje articulador de las estrategias contra la delincuencia. Hacia fines de los ochenta y durante los noventa se generalizaron entre los especialistas las nociones de "participación comunitaria", y en terminología inglesa los de "empowerment community", "resposibility" y "solving-problerms community", en el tratamiento de los temas y en el diseño de estrategias relativas a la prevención del delito (Ibid).

El ya citado Plan "Tolerancia Cero" se inscribe en esta tradición, así como una diversidad de iniciativas que enfatizan, en general, el rescate de valores tradicionales vinculados con la familia y el fortalecimiento de las comunidades. Ellas se operacionalizan mediante el patrullaje de barrios y sectores residenciales.

Este modelo alberga además un conjunto de otras iniciativas que poseen diferencias considerables con las medidas aplicadas por el internacionalmente famoso Jefe de la Policía de Nueva York William Bratton y cuyo plan centrado en un incremento sustancial del control policial mediante mayor presencia y visibilidad ya acumula un conjunto importante de críticas (2). En contraposición se encuentra por ejemplo el denominado "Plan Barcelona", que ha puesto el acento en la recuperación de los espacios públicos a través de importantes inversiones y mejoramientos urbanísticos consistentes en la construcción de plazas, equipamientos comunitarios, centros deportivos, paseos peatonales, parques y jardines. Dichas mejoras fueron complementadas con conjuntos de medidas que implicaron integrar socialmente a los aparatos de orden público creándose la "Policía de Proximidad", cuyo personal debe establecer vínculos permanentes con los sectores residenciales asignados.

Mas allá de las diferencias entre las diversas manifestaciones del modelo, el elemento común es la centralidad que adquiere la denominada "Policía Comunitaria". Dicha estrategia se ha aplicado con énfasis heterogéneos que pueden implicar diversos niveles de compromiso e interrelación con la sociedad civil, dependiendo del contexto sociocultural en el cual se implementan (Trojanowicz y Moore, 1988). descentralización del mando" (Goldstein, 1998, citado por De la Puente y Torres 2000: 40).

Hasta el presente, los resultados obtenidos a través de las diversas medidas inspiradas en los modelos de prevención del delito no son completamente concluyentes, si bien parecen apoyar el desarrollo de este último tipo de modalidad, especialmente en sectores residenciales que cuentan con comunidades activas con niveles mayores de compromiso. Una situación distinta ocurre en hábitat donde prevalece la desconfianza hacia la policía y la apatía entre los vecinos.

La Preocupación por la Seguridad Ciudadana en Chile

La discusión generalizada en torno a la seguridad ciudadana constituye un problema novedoso en Chile, integrándose sólo durante los últimos años al debate en la opinión pública. Sobre la base de los resultados de las encuestas de opinión es posible observar que el problema de la delincuencia parece y se mantiene en la década de los noventa como una prioridad entre los chilenos, alcanzando en algunos casos mayor atención que otras dimensiones tradicionales de la agenda pública y las demandas sociales como que el empleo, la salud o la educación (Adimark, 1992-1997).

En esos términos, la preocupación por la delincuencia pasa a constituir una prioridad en las mediciones efectuadas a la opinión pública. De hecho en 1989, sólo para el 29% de la población encuestada este tema era de gran importancia, en cambio a partir de inicio de la década de los noventa, la preocupación por la delincuencia supera en forma frecuente incluso a la salud, que siempre se ha destacado como una de las principales dificultades que enfrenta el país.

Se establece así un nuevo escenario para la discusión de los problemas públicos y un cambio en el manejo de las demandas sociales que tendrán que enfrentar los gobiernos de la concertación, cuyo impacto en la elaboración de las políticas públicas de seguridad resultará evidente durante la pasada década.

La amplitud que registran los márgenes de la discusión sobre seguridad ha implicado además una mayor disposición tanto de las autoridades, los medios de comunicación de masas y la población para considerar indicadores que antes de los años noventa constituían casi en forma exclusiva parte de las comunicaciones de especialistas y académicos.

Comienza así a generalizarse la publicación periódica de cifras y estadísticas sobre delitos, variaciones porcentuales entre períodos y comentarios de diversos actores, tornándose un tema habitual en la agenda de los medios, especialmente en la televisión, la radio y la prensa escrita.

En consecuencia se han acumulado hasta hoy un importante cúmulo de informaciones de carácter público, las cuales si bien presentan variaciones e importantes falencias de comparabilidad, muestran que la evolución de la delincuencia no se condice totalmente con el tratamiento mediático y la preocupación y percepciones subjetivas de la población, las cuales tienden a una generalización del problema y a sobredimensionar su magnitud y alcance real en nuestro país.

En ese sentido la importancia otorgada por la población a la delincuencia durante este período, siempre supera las denuncias efectivas en los delitos más frecuentes como robo y hurto (Ramos y Guzmán, 2000). Lo anterior permite sospechar un interesante efecto de "agenda setting", sostenido durante toda la década de los noventa. Es decir, de una correspondencia entre la selección temática que realizan los medios masivos de comunicación al incorporar permanentemente en sus principales titulares, reportajes y secciones noticiosas el tema de la inseguridad y la prioridad que los públicos de opinión comienzan a darle. Estas apreciaciones se ven ratificadas por las cifras específicas de denuncias en este tipo de delitos, las cuales manifiestan un aumento relativamente permanente entre 1989 y 1998, como puede observarse en la tabla siguiente:

Cuadro N° 1
Tasa Conjunta de Denuncias de Robo y Hurto 1989 - 1998


1989

1990

1991

1992

1993

C/100mil

608

730

749

662

660


100

120

123

109

109



1994

1995

1996

1997

1998

C/100mil

641

650

741

733

748


105

107

122

121

121

Fuente: Anuario de Estadísticas Criminales 1998, Fundación Paz Ciudadana.

Ahora bien, recientemente la tendencia anterior parece estabilizarse en un nivel intermedio de temor, según lo muestran las últimas estimaciones efectuadas. El Indice Paz Ciudadana - Adimark, que busca medir los niveles de temor de la población frente a la delincuencia, muestra que durante 1999 y el año 2000 el porcentaje de población que expresa tener un alto temor, ha decrecido en un 3.3%, siendo esta disminución más acentuada en Santiago, donde sólo un 12.3% de la población manifiesta poseer un alto temor en Octubre del 2000, cifra 3.4 % menor que la registrada en Mayo de este mismo año.

Esta situación requiere sin duda de mayores exploraciones con el propósito de identificar los principales factores involucrados y su influencia relativa en el comportamiento que la temática ha registrado en la opinión pública, como una forma de favorecer un tratamiento correctamente informado que facilite la transparencia de las estrategias que distintos actores sociales emprenden para hacer frente a la delincuencia.

Por otra parte, algunos resultados de investigación muestran que en general la población chilena, como la del resto de Latinoamérica, posee una progresiva desconfianza que hacia las instituciones claves del Estado como son: los Tribunales de Justicia y la Policía. Mientras un grupo minoritario de delincuentes, incrementa su osadía y profesionalización delictual.

Una encuesta realizada en toda América por los diarios El Mercurio y el Wall Street Journal, para determinar los niveles de confianza atribuida a la policía y los tribunales de justicia, sitúa a Chile en un lugar semejante a los demás países de América Latina y lejano a EEUU.

Cuadro N° 2
Confianza en la Instituciones (% de la Población que tiene mucho o algo de confianza)

Instituciones

EE.UU.

Chile

Latinoamérica

Policía

81

38

28

Tribunales

59

28

25

Fuente: El Mercurio, Economía y Negocios, Edición Extraordinaria 16 de Abril de 1998 (citado por Libertad y Desarrollo en Tema Público N°381).

En Chile Paz Ciudadana y Adimark, también realizaron una evaluación de la función de las autoridades respecto de la delincuencia. Para estos efectos la población encuestada debía poner una nota de 1 a 7 respecto a la calidad de la gestión que Carabineros, Investigaciones, Alcaldes y Juzgados ejercían respecto del problema de la inseguridad ciudadana. Se puede colegir que la institución mejor evaluada fue Carabineros con una nota promedio de 5.2, en tanto los juzgados fueron los peor evaluados con nota 3.4, tendencia que se mantiene constante en las distintas ciudades del país.

En Santiago se observa también la misma tendencia, pero fue la ciudad que, en comparación con el resto, evaluó de manera más negativa a los juzgados y a los alcaldes, tal como se observa en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 3
Evaluación de Autoridades, respecto de la Delincuencia por Ciudades (Nota Promedio en Escala de 1 a 7)

Ciudad

Carabineros

Investigaciones

Alcalde

Juzgados

Arica

5.3

5.1

4.5

3.9

Iquique

5.3

5.0

5.0

3.9

Antofagasta

5.0

4.9

4.1

3.8

Santiago

5.1

4.4

4.6

3.2

Viña del Mar

5.3

5.0

4.1

3.4

Valparaíso

5.2

4.9

4.3

3.4

Rancagua

5.1

4.9

4.5

3.6

Talca

5.4

5.2

5.0

4.1

Concepción

5.1

4.9

4.6

3.6

Temuco

5.4

4.9

5.2

3.8

Osorno

5.6

5.6

5.1

4.3

Valdivia

5.7

5.6

4.8

4.2

Pto Montt

5.3

5.2

4.5

4.1

Pta Arenas

5.4

5.2

4.8

3.8

Promedio

5.2

4.7

4.6

3.4

Fuente: Indice de Paz Ciudadana-Adimark Oct. 1999.

La discusión en torno a las cifras se ha cruzado además recientemente con el análisis económico del delito. Uno de los trabajos más acabados al respecto ha sido efectuado en CEPAL por Iván Silva (2000). En este estudio se estima que el costo económico de los delitos en una ciudad como Santiago, asciende aproximadamente a 275 millones de dólares anuales. Los delitos contra las personas representan, en promedio, el 72%, mientras que los accidentes del tránsito, que son considerados como cuasidelitos, alcanzan a 28% del costo total. Entre las comunas, es Santiago la que acumula los mayores costos económicos de los delitos bordeando los treinta millones de dólares, seguidas por las comunas de Maipú, Las Condes, La Florida, Providencia, Ñuñoa y San Bernardo, todas las cuales superan los once millones de dólares al año. Otro de los resultados del estudio fue el hecho que las comunas con menores niveles de vigilancia policial coinciden, en general, con aquellas más pobres del Gran Santiago, lo que revela un factor de inequidad en la distribución de los medios policiales para combatir la delincuencia en toda la ciudad.

Propuestas y Políticas Públicas en Seguridad Ciudadana en Chile

Frente a las condiciones expuestas, múltiples actores han buscado generar un ordenamiento de los factores claves que posibilitarían la generación de una Política de Estado en materias de Seguridad Ciudadana en el país. Se han planteado especialmente durante los últimos diez años distintas propuestas de acción de instituciones y actores preocupados por la temática. Entre ellas se encuentran las de la Fundación Paz Ciudadana que viene enfatizando una diversidad de estrategias de prevención del delito a nivel nacional, local y comunitario que involucran la integración de jóvenes, la creación de "Comités Vecinales de Seguridad Ciudadana", la incorporación de la empresa privada en la lucha contra la delincuencia, mediante aportes a las Municipalidades, los cuales, hasta cierto monto, puedan ser descontados de impuestos. Propusieron también la búsqueda de nuevas formas para facilitar el trámite para denunciar, mediante la creación de terminales móviles y sistemas telefónicos computarizados, la instalación de Terminales de Data Móvil, esto es, incorporación de computadores pequeños a los furgones policiales para poder consultar de manera inmediata desde el vehículo sobre la patente de un automóvil o la identificación de una persona sospechosa.

Además han venido elaborando una política de Modernización del Sistema de Ejecución de Penas tales como la creación urgente de un servicio que se especialice en la administración y control de las personas sujetas a estas medidas, un juez de control de la ejecución de penas y un catastro más amplio de ellas que permita a los jueces contar con mayores herramientas al momento de penalizar un delito, así como nuevas formas de manejar la libertad provisional, la rehabilitación y la información delictual (Paz Ciudadana, 1998).

En una publicación conjunta del Centro de Estudios para el Desarrollo y la Universidad Nacional Andrés Bello, Hugo Frühling y Rafael Blanco (1995), estructuran también algunas propuestas claves de intervención frente al fenómeno delictual, entre las que se cuentan políticas destinadas a desarrollar una medición y conocimiento adecuados del fenómeno; políticas destinadas a la Prevención del Delito; medidas tendientes a reducir la oportunidad para delinquir; medidas dirigidas hacia grupos de Riesgo y que resuelven problemas con incidencia criminógena; medidas tendientes a perfeccionar la legislación procesal penal y medidas tendientes a perfeccionar el sistema penitenciario (Frühling y Blanco,1995:26-65).

Otro conjunto de proposiciones para una agenda político - social hacia la delincuencia la planteó Eugenio Guzmán, del Instituto Libertad y Desarrollo, las que giran en torno a cuatro grandes áreas: seguridad pública y seguridad privada; Estado y mercado; la seguridad ciudadana y el sistema judicial; seguridad ciudadana y responsabilidad individual y medidas específicas, cada una desagregada con propuestas de diverso alcance.

En términos generales se aprecia entre los especialistas un claro consenso en torno a determinadas ideas tales como la necesidad de impulsar una profunda reforma en los tribunales de justicia, especialmente en materias de procedimiento penal, de manera de agilizar y hacer más eficiente la tramitación de las causas; incentivar las políticas de prevención de la delincuencia, mediante la focalización de programas hacia los grupos de mayor riesgo social; racionalizar las competencias y actividades de las policías, con el fin de maximizar sus recursos y evitar conflictos de competencia; buscar la incorporación del sector privado para financiar el sistema carcelario y posibilitar la rehabilitación y la reinserción social de los reos; generar sistemas estadísticos homólogos que permitan dimensionar con objetividad y oportunamente el fenómeno delictivo, entre otras.

Muchas de estas propuestas han servido de base para la adopción de decisiones concretas por parte de la autoridad política o han inspirado estrategias específicas o de carácter más localizado en instituciones y organizaciones sociales en distintos niveles del tejido social. Otras han sido adoptadas en forma parcial o se encuentran a la espera de una mayor disponibilidad de recursos públicos o privados. Sin embargo, en términos generales se aprecia también una carencia de mecanismos de análisis conjunto e intercambio entre el mundo académico, los especialistas y el mundo político. Ello ha significado una baja articulación entre dichas ofertas programáticas y las instituciones del Estado que las han incorporado como parte de su plan de acción, contribuyendo a que las políticas en materias de seguridad ciudadana aún no alcancen en nuestro país un carácter integral.

Desde comienzos de la década de los noventa, junto con el retorno al sistema democrático, apareció una creciente sensación de inseguridad ciudadana que quedó plasmada en las encuestas de opinión ya señaladas, la que durante el gobierno de Patricio Aylwin concitó una preocupación mayor que el desempleo y las dificultades en el acceso a la salud y la educación. (Frühling, 1999).

Es así como durante el primer año del Gobierno de Aylwin, todas las medidas que se adoptaron estuvieron inspiradas en la idea de que la seguridad ciudadana formaba de un proceso encaminado a consolidar y perfeccionar la democracia. En un primer momento se identifica que en este tema concurren dos grandes males que afectan la convivencia nacional constituidos por el terrorismo y la delincuencia; en un segundo momento se impone una visión ética - moral frente al problema según la cual la inseguridad ciudadana se define como una cuestión de Estado que requiere del trabajo conjunto de los distintos sectores, utilizando todos los medios de que disponen, sin sobrepasar los derechos y libertades recién reconquistados. Como consecuencia de estos planteamientos se pensó que era necesario llevar a cabo, como medida prioritaria, una modernización de la gestión policial; por ello las acciones se centraron fundamentalmente en el mejoramiento de las condiciones estructurales de Carabineros e Investigaciones y en la reflexión sobre el rol del Estado frente al terrorismo y la delincuencia.

Con posterioridad, en 1992, el Gobierno impulsa una reforma constitucional referente a la seguridad ciudadana basado en la idea de establecer una doble dependencia de Carabineros e Investigaciones - administrativa respecto al Ministerio de Defensa y funcional respecto al Ministerio del Interior -. No obstante el Congreso se opone a esta iniciativa creándose entonces por Decreto Supremo el Consejo Coordinador de Seguridad Pública, dependiente del Ministerio del Interior, estipulándose que dicho Consejo tendrá como meta "proponer una planificación estratégica y coordinación de las políticas de seguridad para enfrentar el terrorismo".

Paralelamente se sigue desarrollando la modernización de la gestión policial y se elaboran diversos proyectos de ley referidos al combate contra el narcotráfico: se crea el Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes; se establecen medidas de prevención y colaboración a la acción de la justicia, se modifican las normas sobre la libertad provisional y se aumentan las penas para determinados delitos.

Durante la cuenta ante el Congreso Pleno de 1993, el Presidente Aylwin informa respecto de la labor efectuada en tres ámbitos: el policial, el penitenciario y el judicial. Así en el ámbito policial señala el aumento del presupuesto para las instituciones en orden a incrementar la dotación del personal de las policías, cuarteles y vehículos. Se crea la Dirección de Seguridad Pública e Informaciones como servicio público técnico y especializado, dependiente del Ministerio del Interior, que tendrá como función coordinar las actividades de los organismos de seguridad pública interior y proporcionar a los servicios correspondientes la información, estudio y análisis de inteligencia que se requieren para la adopción de medidas y la formulación de políticas en materia de seguridad pública.

En el ámbito penitenciario, la cuenta se remite a las medidas relativas a modernizar y mejorar los establecimientos penales, y a la búsqueda por impulsar la dictación de un Reglamento Carcelario que se adecue al enfoque de seguridad y rehabilitación de los delincuentes. Se llevó a cabo un plan de readaptación y reintegración social de los reclusos, a través de 160 proyectos laborales y de capacitación. Se realizaron reparaciones y nuevas construcciones de recintos carcelarios, como el penal de Colina y la Unidad especial para reos de alta peligrosidad, y se aumentó la planta de Gendarmería en más de un 20%.

En el ámbito judicial destaca la creación de 22 juzgados de letras y la presentación de un proyecto de ley para crear 20 juzgados más y cuatro nuevas salas de Cortes de Apelaciones. Se dio lugar también a la aplicación de la ley que incorpora la figura del arrepentimiento eficaz en el juzgamiento de las conductas terroristas.

Finalmente, y dentro del conjunto de metas propuesto para el último año del mandato del Presidente Aylwin, se establece:

1º "Elaboración de un Plan Nacional de Seguridad Ciudadana para los próximos cuatro años.

2º Instalación de la Dirección de Seguridad Pública e Informaciones e inicio de su funcionamiento.

3º Integración de la comunidad a la tarea de preservar la seguridad ciudadana.

4º Incentivo de Proyectos de Seguridad Vecinal.

De esta forma al finalizar el gobierno de Aylwin se buscó sentar las bases burocrático - estructurales que guiaran un plan integral de seguridad ciudadana que posibilitara la consolidación una política de Estado frente al tema.

Posteriormente, en 1996, durante el gobierno de Eduardo Frei se dictan "Paquetes de Medidas Gubernamentales" destinadas a reducir la percepción de inseguridad siempre creciente de la ciudadanía. La primera medida, acuñada bajo el rótulo de "Seguridad Compartida" y lanzada en Agosto de 1996, busca - a través de una campaña publicitaria tanto de spots televisivos como de avisos de prensa y afiches - promocionar una serie de recomendaciones y prevenciones para hacer frente a la ola delictual, y comprometer a la ciudadanía en una "tarea de todos". La segunda etapa de este Plan, en enero del año siguiente, contenía recomendaciones hacia los veraneantes para proteger sus viviendas.

En Marzo de 1997 se implementa una iniciativa tendiente a erradicar la delincuencia en cinco comunas de Santiago, previniendo de paso la drogadicción en sectores populares. Para el plan se destinaron 350 millones de pesos que se invirtieron principalmente en el desarrollo de actividades deportivas y de carácter preventivo. En Septiembre de ese mismo año el Gobierno anuncia otra medida para fortalecer la prevención contra la delincuencia, incrementando la dotación de Carabineros en 1.350 funcionarios y adquiriendo 390 nuevos vehículos para la institución.

Luego se genera un cambio de estrategia que se titula "Plan Cuadrante", implementada en Febrero de 1998, que consiste principalmente en la división de Santiago en sectores para facilitar su vigilancia por parte de Carabineros y lograr una mayor interacción con la comunidad. Este Plan ha continuado en constante reformulación, incrementando la cantidad de efectivos policiales en las calles, patrullajes conjuntos, cuarteles móviles, etc.

El 27 de Abril de 1998 el Presidente Frei da a conocer un paquete de 11 medidas del Nuevo Plan Antidelincuencia, que se traduciría en ajustes legales más profundos, además del despacho del Nuevo Reglamento Penitenciario. Entre las medidas se contaron: promover la colaboración ciudadana en la acción de Carabineros; aumentar el control policial en las zonas de mayor riesgo; mejorar la atención de las víctimas ampliando las capacidades del Servicio Médico Legal; y dar un mayor énfasis en la prevención del consumo de drogas, invirtiéndose 5 mil 500 millones de pesos en programas comunitarios.

En Julio de ese mismo año, el Gobierno resuelve potenciar sus anteriores medidas antidelincuencia buscando impulsar tres proyectos de reforma constitucional y cuatro iniciativas de ley. Se insta así la modificación de la dependencia de Carabineros e Investigaciones desde el Ministerio de Defensa al del Interior, se propicia también la creación de un Viceministro de Seguridad Pública uniendo a estas reformas la creación por ley de la Dirección Nacional para el Control de Drogas y Estupefacientes, cuyo órgano superior será el CONACE. En cuanto a las propuestas legales se busca acelerar los trámites de los proyectos del Ministerio de Justicia en cuanto a la ley orgánica constitucional de Ministerio Público; código procesal penal; ley sobre violación y delitos sexuales; ley que mejora acceso a la justicia; legislación familiar y de menores; así como los anteproyectos sobre Defensoría Penal Pública, de responsabilidad juvenil en términos que se elimine el trámite de discernimiento y el proyecto de ley sobre ejecución de penas.

A comienzos de 1999 se da curso al séptimo plan de seguridad que busca aumentar la capacidad operativa de las policías, es decir la modernización institucional de Carabineros e Investigaciones, externalizando de los servicios 24 de las 67 funciones administrativas desempeñadas por Carabineros, lo que permitirá que en un plazo gradual que finalizaría en 2001, que cerca de 12 mil efectivos hayan sido redestinados a labores de prevención y represión de la delincuencia en las calles.

Respecto de la Modernización de Carabineros es posible puntualizar que su plan estratégico institucional se sustenta en tres pilares básicos: la tecnología, el trabajo mancomunado con la ciudadanía y la profesionalización y desarrollo del recurso humano.

El plan integral que se alzó como el eje de la estrategia antidelincuencia en el último año de la administración Frei, contempla entonces como puntos claves: la reforma Procesal Penal, la Ley que restringe las Libertades Provisionales, el incremento de la dotación de Carabineros en 12 mil hombres, el impulso de programas que eviten la deserción escolar, la búsqueda por recuperar espacios públicos, mejorar el diseño de barrios, invertir en deporte, recreación y cultura protegiendo a los niños de alta vulnerabilidad social, entre otros. Las acciones del plan son principalmente de carácter administrativo, radicando su implementación en la propia capacidad en los órganos responsables de su aplicación.

Una de las últimas medidas de la administración Frei, en materia de seguridad ciudadana, fue la creación del Consejo Metropolitano de Seguridad. Este consejo, dependiente de la Intendencia de Santiago, se constituye como un comité multidisciplinario que analizará datos georreferenciados (provenientes del SIG) sobre el comportamiento del hampa para establecer estrategias de acción y focalizar los recursos a los sectores que presenten mayores problemas. Así se podrán discutir, analizar y definir políticas de acción sobre una realidad concreta. Participan en este organismo representantes de las dos Cortes de Apelaciones de la capital (Santiago y San Miguel), Municipalidades, los ministerios del Interior, Justicia, Educación y Salud, Carabineros e Investigaciones, además el director general de Deportes y Recreación, gobernadores provinciales, colaboradores y asesores técnicos en diversas materias.

El 1º de febrero de 1999 se dio inicio al Plan de Seguridad Vecinal Integral según el cual el "Plan Cuadrante" fue potenciado con mayor presencia policial, optimizando el tiempo de respuesta operativa y generando un notable acercamiento a la comunidad. Dentro del Plan Cuadrante, el Plan Estratégico de Control Delincuencial Selectivo ha significado la implementación de medidas dirigidas a áreas específicas de la comunidad: locomoción colectiva (Bus Seguro), población femenina (Plan Señuelo), entre otros. Igualmente las visitas semanales a terreno del Subsecretario de Interior han convergido en un fortalecimiento de la acción conjunta entre el Gobierno, las Policías, la Municipalidad, las Unidades Vecinales y las organizaciones sociales, instalándose buzones de sugerencias y reclamos en diversas unidades policiales.

De esta forma, el Plan Cuadrante, que se inició tras un período de prueba en 1998 sólo en las unidades policiales dependientes de la Prefectura sur de Carabineros, en abril del 2000 fue puesto en marcha íntegramente en toda la Región Metropolitana, a excepción de las comunas de Calera de Tango y Buin. El objetivo de este Plan era desarrollar un sistema de vigilancia preventiva durante las 24 horas. Se dividió cada comuna en sub-sectores o cuadrantes a ser patrullados por funcionarios asignados exclusivamente a esta tarea, de modo que diariamente los mismos carabineros patrullen el sector familiarizándose con los vecinos, fortaleciendo los vínculos de confianza y cooperación. Su objetivo final consiste en lograr un acercamiento con la comunidad y aumentar la presencia policial en las calles.

La división de las comunas en cuadrantes fue realizada sobre la base de pautas relacionadas con la distancia que puede recorrer o la cantidad de personas que en promedio puede vigilar un radio patrulla. Se aplicó además la denominada "Unidad de Equivalencia" que fija las necesidades de patrullaje de cada sector de acuerdo a determinados parámetros tales como: índices de delincuencia, densidad demográfica, cantidad de viviendas, lugares en que se guardan valores (dinero y joyas), locales de venta de alcoholes y sitios eriazos, entre otros. A través de los criterios derivados de estudios de la Universidad de Santiago y la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, se dividió la capital en 251 cuadrantes que cuentan con un jefe y un delegado, quienes tienen la misión de contactarse con particulares, Juntas de Vecinos o Comités de Seguridad Ciudadana, a fin de retroalimentar la información en materia delictiva.

De esta forma el Plan Cuadrante puede ser entendido como una estrategia que busca consolidar la acción de la comunidad en materia delictiva, además de hacer palpable para la ciudadanía los mejoramientos y resultados de la acción policial, sometiendo a cuenta pública los logros de la institución.

Por su parte, el gobierno del presidente Lagos se ha propuesto propiciar una política de Estado sobre Seguridad Ciudadana, la que en se orientará hacia tres grandes tareas: participación comunitaria, prioridades legislativas y gestión policial.

La actual administración ha planteado la necesidad de consolidar las reformas judicial y educacional, así como otorgar un nuevo impulso a las reformas laborales; enfatizar el desarrollo de políticas culturales; otorgar nuevos recursos y personal a las instituciones policiales; elaborar estrategias preventivas para recuperar espacios públicos; diseñar programas de prevención escolar y comunitaria; aumentar las áreas para recreación y deporte, impulsar programas de prevención de drogas y alcoholismo, la violencia intrafamiliar y el maltrato infantil, entre otras iniciativas.

El gobierno ha estimado necesario también un mayor desarrollo institucional en los campos de justicia penal, sistema penitenciario, dependencia y competencias de las policías, así como una nueva concepción política de la seguridad de las personas en un Estado Democrático. Para ello estima necesario dinamizar la reforma a la justicia del crimen, iniciada durante el gobierno anterior, concretando el proceso oral y público, los fiscales de Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública y los jueces de garantía (3). En el ámbito legal y procesal estipula la urgencia en la reducción del tiempo que transcurre entre la comisión de un delito y la aplicación de la pena, en tanto que en el sistema carcelario, se procurará acentuar la segregación de los delincuentes más jóvenes y los primerizos de aquellos más peligrosos y avezados.

Además, el nuevo gobierno se ha comprometido para enfrentar el tema de la delincuencia con un cambio de estrategia, que implicará evaluaciones permanentes al Plan Integral de Seguridad Ciudadana. La primera tarea, a juicio del Subsecretario del Interior Jorge Burgos, es realizar un trabajo directo en terreno, pues este es el único indicador certero para determinar si las medidas antidelincuencia se están aplicando en los hechos. El combate al narcotráfico será también una de las tareas prioritarias del gobierno de Lagos, para lo cual se continuará la línea del gobierno de Frei que, al final de su gestión, envió reformas a la Ley de Drogas (Nº 19.366) que buscaba constituirse en un serio aporte a la lucha contra el micro tráfico, el narcotráfico y el lavado de dinero. El proyecto abarcaba cuatro ámbitos: la escala de penas, el lavado de dinero, las personas consideradas culpables del delito de consumo de drogas y las normas para mejorar la persecución de las organizaciones criminales.

También durante la administración del Presidente Lagos Carabineros ha continuado implementando y perfeccionando el Plan Cuadrante. Es así como dicha institución anunció a fines de octubre de 2000 la creación de una Oficina de Relaciones Comunitarias y Análisis Criminal orientada a detectar, evaluar y contrarrestar a tiempo los factores que influyen en la delincuencia que afecta a los distintos cuadrantes urbanos en que han sido divididas las comunas de la Región Metropolitana.

Este organismo, que dependerá de la Inspectoría General de Carabineros, según el Director General Manuel Ugarte "tendrá importancia estratégica, porque no sólo nos permitirá interactuar con la comunidad, focalizar los delitos y prevenirlos, sino que también evaluar el servicio policial" (El Mercurio: 28 de octubre de 2000). Para reforzar el Plan Cuadrante en 251 zonas, Carabineros contará con 3 mil 820 millones de pesos, lo que permitirá aumentar de 1.500 a 2.000 los ingresos de alumnos a sus escuelas, adquirir 138 motos, 2 cuarteles móviles, 40 radiopatrullas y 20 furgones. Además, para atacar el narcotráfico esta institución recibirá mil 239 millones de pesos para adquirir equipos de rayos X y dos equipos de Audio Dick para ser utilizados en puestos fronterizos.

El presupuesto de Carabineros para el año 2001 va a estar respaldado con índices de gestión y evaluación de resultados. Sobre la base de esta idea, el Parlamento aprobó un gasto de 220 mil 521 millones de pesos destinados a gastos corrientes y de 24 millones de dólares para la adquisición y renovación de equipos. Esto implica que la institución dispondrá de 6 mil 549 millones 440 mil pesos adicionales, lo que representa que el presupuesto de Carabineros para el año 2001 se incrementará en un 3.04%. (El Mercurio: 4 de noviembre de 2000).

Investigaciones, por su parte, verá incrementado su presupuesto para el 2001 en mil 417 millones 312 mil pesos, lo que representa un aumento en el 2.52% en su presupuesto, con lo que podrá disponer de 100 plazas adicionales y liberar a 310 agentes hasta ahora ocupados en labores administrativas al contar con fondos para contratar igual número de empleados administrativos. Se proyecta que en un plazo de tres años la dotación actual de 3.180 oficiales policiales aumente a 4.003 efectivos mediante un incremento en las vacantes de la Escuela de Investigaciones.

En el segundo semestre del año 2000, el actual gobierno elaboró y dio a conocer una de sus principales iniciativas frente al problema de la delincuencia denominado Plan Comuna Segura Compromiso Cien. Dicho plan parte de la convicción de la necesidad de separar la prevención social del delito de la prevención policial del delito. "Estas estrategias deben obedecer a una filosofía similar, sin embargo, se diferencian por las autoridades y órganos del Estado que se encargan de dirigirla, por el ámbito de sus capacidades de modificación de la realidad delictual y por el nivel de la prevención al cual se dirigen. El compromiso cien busca articular la participación ciudadana con una nítida separación de roles entre comunidad y policía considerando inadmisible las acciones de autotutela. Bajo ese marco se propone la construcción de una nueva alianza entre gobierno, municipio, comunidad y policía, que supone el rediseño de la actividad policial, nuevas formas de control de los espacios públicos, corresponsabilidad ciudadana en las políticas de prevención criminal entre sus principales ideas fuerza" (Burgos, 2000).

Una de las principales iniciativas que considera el Plan consiste en la creación de Consejos Comunales de Seguridad Ciudadana. Esta nueva entidad será presidida por los alcaldes de cada comuna e integrados por el secretario técnico, dos concejales, los comisarios de carabineros e investigaciones, el fiscal de ministerio público y representantes de las juntas de vecinos, comités de seguridad vecinal, del comercio e industria y dirigentes de apoderados y estudiantes.

Durante la primera fase del plan durante el año 2001 se ha capacitado a secretarios técnicos seleccionados de doce comunas de Chile que presentan indicadores desfavorables de seguridad y se han constituido los Consejos respectivos. En el sexenio se espera que todas las comunas con más de 70.000 habitantes posean sus respectivos consejos. Durante el presente año el gobierno ha dispuesto un fondo de 1.200 millones de pesos para ser asignados mediante concursos a las comunas que presenten proyectos de seguridad ciudadana (El Mercurio, Diciembre 6 de 2000).

Conclusiones

Del análisis de los diversos modelos internacionales sobre seguridad y prevención del delito se desprende que si bien la preocupación sobre el tema ya posee medio siglo en los países desarrollados, es solamente durante la última década que se incorpora a como parte relevante de la discusión de los problemas sociales en nuestro país. A pesar de la prioridad que otorga la ciudadanía al problema de la inseguridad, y como se ha visto, a las recomendaciones que los especialistas han efectuado durante los últimos años, las autoridades paulatinamente la han asumido como una materia fundamental propia de una política de Estado, las respuestas elaboradas aún muestran importantes falencias.

Desde que se comienza a plantear el tema de la seguridad ciudadana, se han entremezclado y sucedido diversos esquemas programáticos y "paquetes de medidas", que han resultado muchas veces contradictorios y que no cuentan con objetivos cuantificables ni metas periódicas alcanzables que permitan su seguimiento, evaluación técnica y la necesaria retroalimentación entre el Gobierno y la Ciudadanía.

Por otra parte, se aprecia que las medidas adoptadas por los gobiernos durante la última década en materia de seguridad ciudadana no han logrado aplicar en forma sistemática alguno de los modelos desarrollados internacionalmente, si bien han servido de base para la adopción de medidas concretas ellas han presentado un carácter disperso y en su mayoría presentan discontinuidad, incluso en un mismo período presidencial.

La mayor parte de las medidas gubernamentales observadas en los tres últimos gobiernos, pueden fundamentalmente adscribirse al modelo de Prevención Comunitaria del Delito, especialmente en la versión americana de Tolerancia Cero más que al modelo tipo Barcelona, dado el énfasis puesto en el desarrollo del Plan Cuadrante y el reforzamiento progresivo de los instrumentos de control y capacidad de vigilancia de Carabineros, por sobre la realización de grandes inversiones urbanísticas que faciliten la apropiación y control social de los habitantes. Ello implica que la manera de enfrentar el problema en Chile ha enfatizado fundamentalmente la prevención secundaria del delito, buscando disminuir en el corto plazo la ocurrencia de ilícitos mediante mecanismos de acción directa.

Tampoco es posible advertir esfuerzos de gran escala explícitamente vinculados a este propósito que se orienten a la prevención primaria, es decir, que adopten medidas estructurales para inhibir la los procesos etiológicos de la formación de la delincuencia, mediante la disminución de la pobreza, los problemas familiares, etc. La vinculación de la problemática de la drogadicción juvenil ha sido normalmente tratado como fenómeno aislado y sólo recientemente se observan intentos para vincularla a la seguridad ciudadana.

Algo similar ocurre con la prevención de tipo terciario, que implica actuar con posterioridad a la incidencia del crimen mediante procesos de rehabilitación y reinserción social de los delincuentes, iniciativas que vienen recibiendo severas críticas en nuestro medio por lo restringido de su aplicación, la falta de recursos asignados y la carencia de compromiso de otros sectores además del Estado, como los empresarios y la ciudadanía en general para incrementar la eficiencia de los procesos de readaptación.

La incorporación de la variable participación social en la prevención de la delincuencia, particularmente en el gobierno de Ricardo Lagos a través de su último Plan propuesto ya descrito de "Comuna Segura Compromiso Cien", incorporan en la formulación de políticas las nociones que inspiraron el modelo de Prevención Multi-agenciada dado la reciente tendencia observada en el discurso de funcionarios públicos en "responsabilizar y comprometer a la ciudadanía" en la prevención y control de la delincuencia, así como también la creciente búsqueda de coordinaciones, asociaciones y acciones mancomunadas entre diversas instancias del Estado (Policía, Juzgados, municipios, etc.) y la población. Lo anterior implica cierta alteración en el horizonte temporal respecto de los cuales se esperan resultados. Efectivamente durante la actual administración, se comienzan a manejar plazos medianos, particularmente en lo relativo a la aplicación prevista del plan Comuna Segura Compromiso Cien.

Estas ideas parecen marcar un giro en el rol asignado al ciudadano respecto al que atribuían los gobiernos de los presidentes Aylwin y Frei Ruiz-Tagle. De las iniciativas concretamente efectuadas en dichos períodos gubernamentales, se desprende un ciudadano más bien pasivo respecto del grado de responsabilidad social en los programas de seguridad, aunque en el discurso, la plena participación de la ciudadanía era formalmente valorada.

En general, también es posible afirmar que las políticas públicas en materia de seguridad se han caracterizado su centralización, definiendo a la Región Metropolitana y particularmente Santiago como el gran problema en materia de seguridad. Si bien es cierto que la prevalencia de la criminalidad en la capital ha obligado a las autoridades a focalizar los recursos y esfuerzos, los estudios prospectivos que incluyan el análisis de otras regiones o ciudades y su posible agudización futura ha constituido una discusión marginal en las prioridades gubernamentales.

En consecuencia, a partir del tratamiento del problema mediante políticas públicas en Chile así como de iniciativas privadas, se pueden distinguir fundamentalmente dos grandes dimensiones, por una parte las vinculadas al tipo de control que se ha ejercido para controlar la delincuencia y por otra, el tipo de acciones de participación que involucran a la comunidad.

Del cruce de estas dimensiones surgen tres configuraciones predominantes que representan las principales modalidades que expresan las estrategias implementadas durante la última década y que dan cuenta de formas de interacción entre diversos actores sociales relevantes.

Configuraciones Predominantes Sobre Estrategias de Seguridad en Chile

Tipo de Acciones / Tipo de Control

ACCIONES PARTICIPATIVAS

ACCIONES NO PARTICIPATIVAS

POLICIAL

a) CONTROL POLICIAL PARTICIPATVO

Policía Comunitaria

Plan Cuadrante

Interrelaciones entre Carabineros, Municipios y Comunidad

b) CONTROL POLICIAL NO PARTICIPATIVO

Vigilancia Móvil o Conjunta

Interrelaciones ente Carabineros y Municipalidad

SOCIAL

c) CONTROL COMUNITARIO PARTICIPATIVO

Comités de Seguridad Vecinal

Interrelaciones entre Gobierno Central, Municipalidad y Comunidad

d) CONTROL FAMILIAR

E INDIVIDUAL

Alarmas, enrejamientos, etc.

Acciones aisladas de control del espacio privado y semi-público

La primera celda (a), muestra el resultado de la combinatoria entre una modalidad centrada en el Control Policial Participativo pero que considera el involucramiento activo de la población y se ha expresado mediante el modelo de la Policía Comunitaria, que viene aplicándose en Chile a través del Plan Cuadrante, si bien aún no se alcanza el grado de vinculación social que propone el modelo. No obstante, Carabineros de Chile ha manifestado su intención durante los últimos años para avanzar en el trabajo con la comunidad tal como este esquema ha operado en otros países.

La segunda modalidad (b), da cuenta de la configuración de que enfatiza el Control Policial no Participativo y que se ha plasmado básicamente mediante la aplicación que muchas comunas, especialmente de la Región Metropolitana, han efectuado de la llamada vigilancia móvil o conjunta. En ella se establece una colaboración Inter-institucional entre Carabineros y las municipalidades. Como se sabe esta modalidad comenzó siendo implementada en la Comuna de las Condes durante el año 1993 y su utilización se ha extendido durante los últimos años, llegando a ser utilizado durante primer trimestre del año 2001 año por treinta y una comunas de Santiago. En este caso la comunidad se define fundamentalmente como emisor de información, alimentando el sistema mediante denuncias, sin asumir roles de participación que involucren otros compromisos.

El casillero (c), da cuenta de la configuración Control Comunitario Participativo, que en nuestro país se ha manifestado fundamentalmente a través de la Conformación de los denominados Comités de Seguridad Vecinal implementados por la División de Organizaciones Sociales a partir del año 1998 y que adquieren en el actual gobierno un rol preponderante en el Plan Comuna Segura Compromiso Cien. Estos comités han presentado un desarrollo heterogéneo de los aproximadamente cuatrocientos actualmente vigentes, en algunas comunas han alcanzado un notable desarrollo mientras que en otras su presencia es escasa. A esta configuración se pueden agregar también las actividades de capacitación en seguridad y formación de monitores que se han realizado normalmente con patrocinio municipal y fondos públicos, entre otras estrategias de este tipo.

Por último la celda (d), que expresa el cruce entre modalidades no policiales y no participativas de seguridad, genera una tipología que queda fuera del ámbito de las políticas estatales de seguridad, pero que ha constituido durante la última década una de las estrategias más utilizadas por el habitante común, especialmente de las grandes ciudades viene adoptando para incrementar su sensación de seguridad. Cabe consignar al respecto el enorme incremento registrado de los enrejamientos de viviendas particulares, así como de calles y pasajes, como también el crecimiento sostenido del gasto en tecnologías y dispositivos de seguridad, contratación de guardias, etc., que realizan no sólo familias de altos ingresos, sino de manera creciente también las clases medias y bajas. Según estimaciones recientes, durante el año 1999 en Chile se habrían gastado 2.163 millones de dólares, lo cual representaría una aumento del 40% respecto del año 1994 y la mayor parte correspondería a gasto efectuado por privados, pues mientras el Estado invirtió 916 millones, los privados habrían gastado 1.250 millones de dólares (revista Capital, 2001).

Resulta importante indicar que estas configuraciones no deben considerarse como compartimientos estancos. En los hechos, muchas estrategias hacen un uso combinado de varios tipos conjuntamente. Es prioritario no obstante, que existan mayores niveles de interrelaciones entre los distintos ámbitos institucionales involucrados, aprovechamiento integral de los recursos, así como la sinergia derivada de la interacción entre sistemas.

Si bien en nuestro país hasta el momento ha prevalecido una orientación centrada en el control policial no participativo, unido a la sumatoria de controles individuales y familiares, lo que se desprende de la experiencia internacional sin embargo, es potenciar modalidades participativas en materias de seguridad en sus diversas modalidades. Ya sea que las iniciativas de seguridad ciudadana pongan énfasis en variables espaciales, sociales, estructurales, comunitarias, policiales o tecnológicas, resulta improbable que alcancen niveles adecuados de eficiencia en el largo plazo, si no incorporan de manera creativa, flexible y particularista las potencialidades de las comunidades tomado en cuenta las características propias de su dinámica y rasgos propios de los entornos específicos en los cuales se desenvuelven. Ya no es dable esperar modalidades de participación relativamente estables con esquemas normativos formalizados, liderados y gestionados desde el aparato público.

Entrando a un nuevo siglo, las recetas rígidas generalizadas por la globalización de estrategias de seguridad serán estériles si no se localizan en la complejidad de los sistemas sociales locales que pueden involucrarse en la prevención del crimen. Tampoco es posible pretender ignorar los avances y desechar la experiencia de otros contextos que han enfrenado escenarios que pueden presentar similitudes interesantes para un país en vías de desarrollo y con escasa acumulación de experiencias sistemáticas en el área.

En el desafío de "glocalizar la seguridad", procesando adecuadamente el conocimiento acumulado internacionalmente y produciendo información rigurosa extraída de nuestra propia realidad, estamos lanzados en un escenario completamente nuevo. Ya no es posible depender jerárquicamente de la coordinación estatal, pues la sociedad estadocéntrica ha desaparecido en la mayor parte del mundo (Lechner, 1997), tampoco es posible confiar en la distribución del mercado como asignador racional de seguridades, pues ello inevitablemente tendería a favorecer a quienes disponen de importantes recursos para elevar permanentemente su inversión en seguridad personal.

Las nuevas formas de coordinación para la seguridad ciudadana deben hacerse cargo del permanente aumento de complejidad interna de la sociedad en su conjunto, la creciente independencia y autorreferencia que exhiben los distintos sistemas vinculados con la prevención así como la diversidad de intereses propuestas y definiciones de realidad que manejan.

La tendencia manifiesta hacia nuevas formas de coordinación social mediante redes sociales que implican formas descentralizadas de poder, dependencia recíproca de intereses y modalidades de cooperación competitiva que combina procesos formales e informales, comienza a ser una pauta que podría constituirse en predominante en una sociedad policéntrica y superdiferenciada, que debe compatibilizar las necesidades individuales, locales y colectivas bajo marcos democráticos y jurídicos que garantice los derechos de todas las personas.

En una sociedad de estas características, tendremos que convivir por mucho tiempo con niveles estructurales de inseguridad, no solamente por el incremento o estabilización relativa de los niveles de criminalidad, sino que también por una sensibilización sociocultural hacia la prevención en diversas áreas de la vida cotidiana. Bajo tales condiciones la segurización de la convivencia social debe aspirar a respuestas que alejándose de recetas milagrosas, aplicadas acríticamente y de manera general, asuma la complejidad del problema de manera creativa, integral y permanente.

Bibliografía

Bengoa, J. (2000) "Desigualdad y seguridad Ciudadana", Revista Mensaje, 493, Santiago.

Binder, A.; Martínez, J., (1998) "Informe Regional: Mecanismos de Control Democrático en el Mantenimiento de la Seguridad Interior", en Control Democrático en el Mantenimiento de la Seguridad Interior, H. Frühlig (ed.), CED, Santiago.

Bottoms, A. (1990) "Nothin Works". En A. Bottoms y R. H. Presto eds. The Comming Penal Crisis. Scotish Academic Press, Edinbourg.

Bratton, W, et. als. (1998) Zero Tolerance. Policing a Free Society, IEA Halth and Welfare Unit, London, 1998.

Burgos, J. (2000) "De la Tolerancia Cero al Compromiso Cien", Discurso en el Seminario "Ciudades Seguras Ciudadanos Seguros", Ministerio del Interior, Santiago.

Carabineros de Chile (1999) Denuncias por delitos de lesiones, violaciones, homicidios, hurtos y robos. Sistema Integrado Estadístico de Carabineros. Santiago.

Chinchilla, L.y Ricco, J.M.(1999) La prevención comunitaria del delito. Perspectivas para América Latina. Center for the Administration of Justice. Florida International University. Miami.

Cohen, A. K. (1955) Delincuent boys. McMillan. New York.

Cromwell, P. (ed.) "In Their Own Words: Criminals on Crime". Roxbury Publishing Co. Los Angeles.

Frühling, H y Sandoval. L (1997) Percepciones de inseguridad y realidad delictual en tres comunas populares de Santiago. Estudios Públicos nº 68. CEP. Santiago.

Fundación Paz Ciudadana (1994 -1998) Anuarios estadísticas delictivas. Santiago.

Gassin, R. (1990) Criminologie. Dalloz. Paris.

Hoecker, L., (1993) "El Problema de La Delincuencia y EL MERCURIO", Unidad de Investigación Criminológica, Gendarmería de Chile, Santiago.

Lechner, N. (1997) Tres formas de coordinación social. Revista de la CEPAL. Santiago.

Torres, E.; De la Puente, Muñoz, P.; Sepúlveda, R.; Tapia, R. (1994) "Hacia una Definición de la Seguridad Residencial en Hábitat de Pobreza Urbana", En Boletín del Instituto de la Vivienda Nº 23, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile, Santiago, 1994.

Kincaid, D; Gamarra, E.; (1996) Disordery Democracy: Redefining Public Security in America, en Latin America in The World-Economy, R. Korzeniewicz and W. Smith (ed), Grennwood Press, Westport, Connecticut.

Leal, L., (1999) "El Papel de los Medios de Comunicación en la Construcción de las Representaciones Sociales en torno a la Inseguridad Ciudadana", Espacio Abierto, Cuaderno Venezolano de Sociología, Astro data, Maracaibo.

Lechner, N., (1997) "Tres Formas de Organización Social", Revista de la CEPAL, Santiago.

Luhmann, N.,(1992) Sociología del Riesgo, Universidad Iberoamericana, México.

Luhmann, N., (1996) Confianza, Universidad Iberoamericana, Anthropos, Barcelona.

Luhmann, N. (1998) Complejidad y Modernidad. De la Unidad a la Diferencia, Ed. Trotta,Valladolid.

Ramos, M. y Guzmán J. (2000) "La Guerra y La Paz Ciudadana", Ed. LOM, Santiago.

Robertson, R. (1995) "Globalization", M. Featherstone comp., Global Modernities, Londres.

Saperas, E., (1987) Los Efectos Cognitivos de la Comunicación de Masas, Ariel, Barcelona.

Sepúlveda, R.; de la Puente P. Torres, E.; Tapia, R. (1999) Seguridad Residencial y Comunidad, Ed. Universidad de Chile/ FONDECYT / LOM, Santiago.

Silva, I. (2000) "Costo Económico de los Delitos, Niveles de Vigilancia y Políticas de Seguridad Ciudadana en las Comunas del Gran Santiago", CEPAL, Santiago.

Torres, E.; de la Puente, P.; Muñoz, P.; Sepúlveda, R.; Tapia, R. (1994) "Hacia una definición de la Seguridad residencial en Habitat de Pobreza Urbana", Boletín del Instituto de la Vivienda, N° 23, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile, Santiago.

Tudela, P., (1995) "Democracia, Desarrollo Social y Seguridad Ciudadana en Chile", Diálogos, Comisión Sudamericana de Paz, Santiago.

Wolf, M. (1991) Investigación en Comunicación de Masas, Piados, Buenos Aires.

Notas

1) Así por ejemplo, una investigación efectuada en Venezuela concluye que los medios masivos de comunicación identifican a la inseguridad como el problema fundamental que vive el país, asociado directamente con la delincuencia común. Con ello se contribuye a generar demandas sociales fundamentalmente represivas, reactivas y carentes de integralidad, negándose en las prácticas simbólicas la presencia de otros fenómenos de mayor relevancia, pues en la práctica se tiende a focalizar la atención policial en delitos de menor envergadura (Leal, 1999). En Chile, la socióloga Loreto Hoecker considera que el tratamiento que el diario El Mercurio ha efectuado respecto del problema de la delincuencia se enmarca en una propuesta que enfatiza el control represivo, sobre la base de orientaciones que otorgan alta prioridad al tema de la seguridad ciudadana, aumentando la inversión del Estado y modernizando el sistema penal. (Hoecker, 1993).

2) Entre las principales objeciones al Plan de Tolerancia Cero se encuentran el aumento de las denuncias e indemnizaciones que se han debido pagar por abuso policial, el dramático incremento de la población penal y los altos costos involucrados en su desarrollo.

Entre los rasgos principales de la Policía Comunitaria se han identificado los siguientes: "a) prevención del delito organizada a partir de las comunidades de base; b) reorientación del despliegue o patrullaje policial privilegiando las acciones proactivas por sobre las meramente reactivas; c) énfasis en la respuesta y "responsabilidad" hacia la comunidad local

(3) Se encuentra siendo implementado desde el 2001 en las regiones tercera y novena.